La justicia federal mexicana ha declarado prófugo a Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes de fútbol Santos Laguna y Atlas, tras emitirse una orden de aprehensión en su contra. El empresario enfrenta acusaciones por una presunta defraudación fiscal que asciende a más de 17 millones de pesos, un caso que ha sacudido al mundo del fútbol mexicano.
El señalamiento contra Irarragorri se centra en supuestas irregularidades fiscales cometidas en 2017, cuando el Club Santos Laguna habría evadido el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los salarios de jugadores y cuerpo técnico. Según las autoridades, los pagos se registraron como primas indemnizatorias por riesgo de trabajo, una maniobra que exime legalmente de tributar dicho impuesto.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado cartas en el asunto, solicitando la detención del empresario. La orden de captura se giró luego de que Irarragorri no se presentara a una audiencia presencial el pasado 24 de marzo en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila. Aunque compareció previamente por videoconferencia, el juez exigió su asistencia en persona, lo que derivó en su declaración como prófugo.
El caso comenzó a tomar forma en 2023, cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una querella contra Irarragorri y otros directivos del club. La investigación apunta a un esquema que involucró pagos por 54 millones de pesos a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico, incluyendo nombres como José Manuel de la Torre, Benjamín Galindo y Julio César Furch.
Santos Laguna, a través de un comunicado oficial, ha defendido la postura de Irarragorri, argumentando que la cancelación de la audiencia virtual del 20 de marzo no respetó los tiempos legales y que el empresario no fue notificado adecuadamente. El club insiste en que se trata de una discrepancia fiscal que debería resolverse por vías administrativas, no penales.
La defensa de Irarragorri ha presentado una demanda de amparo contra la orden de aprehensión, alegando irregularidades en el proceso judicial. Según sus abogados, el empresario mostró disposición para comparecer, pero la suspensión injustificada de la audiencia derivó en la declaración de prófugo, una medida que consideran desproporcionada.
Este caso marca un precedente en el fútbol mexicano, ya que Irarragorri es el primer directivo de un club de Primera División en ser perseguido por la justicia en más de una década. La defraudación fiscal, según la legislación vigente, no implica prisión preventiva automática, pero la FGR podría solicitarla si considera que existe riesgo de fuga, especialmente porque Irarragorri reside actualmente en Gijón, España.
El impacto de esta situación no se limita a México. Irarragorri también es propietario del Sporting de Gijón, equipo de la Segunda División española, lo que ha generado eco en los medios internacionales. La noticia ha puesto bajo escrutinio la gestión financiera de Grupo Orlegi, un conglomerado que abarca deportes, bienes raíces y otros sectores.
Mientras el proceso judicial avanza, el futuro de Irarragorri y su relación con los clubes que dirige permanece incierto. Las autoridades mexicanas continúan su búsqueda, y el desenlace de este caso podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial.