La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lanzado una advertencia contundente al Senado mexicano. Su llamado es claro: garantizar la libertad de expresión en la controversial iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma, aprobada en comisiones del Senado, ha desatado una ola de críticas por sus posibles implicaciones autoritarias.
La ONU-DH México ha instado a los senadores a abrir espacios de consulta antes de dar luz verde a la ley. Según la organización, el proyecto debe alinearse con estándares internacionales que protejan no solo la libertad de expresión, sino también el derecho a la información, la privacidad y los derechos digitales. La advertencia llega en un momento crítico, pues la iniciativa podría ser votada en el Pleno del Senado en los próximos días.
El proyecto de ley, respaldado por Morena y sus aliados, plantea la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este organismo absorbería las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones y tendría facultades que muchos consideran peligrosas. Entre ellas, la capacidad de bloquear plataformas digitales sin una orden judicial, lo que ha sido calificado como un ataque directo a la libertad de expresión.
Organizaciones como Artículo 19 han encendido las alarmas. Advierten que la ley otorga al Poder Ejecutivo un control desmedido sobre el espectro radioeléctrico y las concesiones de medios. Esto podría traducirse en la censura de medios independientes o críticos al gobierno, bajo pretextos vagos o políticamente motivados. La falta de transparencia en el proceso legislativo solo aviva las sospechas de un intento por silenciar voces disidentes.
La oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, no se ha quedado callada. Senadores de estos partidos han denunciado que la aprobación en comisiones fue un “albazo legislativo”, sin debate ni parlamento abierto. Ricardo Anaya, legislador panista, fue tajante: “Esta no es una ley, es una censura”. La tensión promete escalar cuando el proyecto llegue al Pleno, donde la oposición ya anunció una resistencia férrea.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha intentado calmar las aguas. En su conferencia matutina, aseguró que la iniciativa no busca censurar, sino regular plataformas digitales para evitar la propagación de contenido dañino “¿Censura? En ningún momento. Si hay una redacción que genera dudas, la corregiremos”, afirmó. Sin embargo, sus palabras no han convencido a los críticos, quienes ven en la ley un paso hacia el control gubernamental de la narrativa pública.
La sociedad civil también ha reaccionado con indignación. Periodistas y activistas, como Daniel Moreno de Animal Político, han señalado que esta ley revela las verdaderas intenciones del gobierno: un autoritarismo disfrazado de democracia. La periodista Leti Robles destacó que la Agencia de Transformación Digital tendría el poder absoluto para otorgar o retirar concesiones y decidir qué plataformas deben ser bloqueadas, lo que calificó como un “sablazo autoritario”.
El debate trasciende las fronteras de México. La Sociedad Interamericana de Prensa, aunque en un contexto anterior, ya había advertido sobre los riesgos de regulaciones que limiten la libertad de prensa en el país. Ahora, con esta nueva ley, el panorama se torna aún más preocupante para quienes defienden el derecho a la información y la libre expresión en un mundo cada vez más digital.
La votación en el Senado, programada para el lunes, será un momento decisivo. Mientras Morena y sus aliados defienden la ley como una medida para proteger la soberanía nacional, la oposición y la sociedad civil la ven como una amenaza a las libertades fundamentales. El desenlace de este enfrentamiento definirá el rumbo de la democracia mexicana en los próximos años.