En un movimiento que sacude a México, las comisiones del Senado, dominadas por Morena y sus aliados, aprobaron sin cambios la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, que pasó con 29 votos a favor y 9 en contra, desató una tormenta de críticas por parte de la oposición, que la califica como una “ley censura” diseñada para controlar medios y redes sociales.
La reforma, que será discutida en el pleno del Senado el próximo lunes, elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiere sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, un aliado del gobierno. Este cambio otorga al Ejecutivo un poder sin precedentes para regular el espectro radioeléctrico y los contenidos en medios digitales, radio y televisión.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 109, que permite a las autoridades solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial. Senadores de oposición, como Ricardo Anaya del PAN, advierten que esto abre la puerta a silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión en redes sociales, un pilar de la democracia.
La senadora Lilly Téllez fue aún más contundente, acusando a Sheinbaum de querer dar un “tiro de gracia” a la libertad de expresión. Según Téllez, la nueva ley no solo busca censurar, sino que pone en riesgo la democracia al concentrar el control de los medios en manos del gobierno, un escenario que recuerda a regímenes autoritarios.
Por su parte, Morena defiende la iniciativa como una medida para proteger la “soberanía comunicativa” del país. Argumentan que la ley responde a la necesidad de regular la propaganda extranjera, como los anuncios antiinmigrantes del gobierno de Estados Unidos transmitidos en México. Sin embargo, de los 283 artículos de la reforma, solo tres abordan este tema, lo que genera dudas sobre las verdaderas intenciones del oficialismo.
La oposición también critica la rapidez con la que se aprobó el dictamen. La iniciativa fue presentada el miércoles por la noche y aprobada en comisiones menos de 24 horas después, sin un debate profundo ni un parlamento abierto. Senadores como Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, denunciaron que muchos legisladores no tuvieron tiempo de leer las 226 páginas del documento antes de votar.
Otro aspecto alarmante es la facultad del Ejecutivo para revocar concesiones de radio y televisión por “interés público” o “seguridad nacional”. Esto, según el senador priista Manuel Añorve, podría usarse para premiar a medios afines al gobierno y castigar a los críticos, consolidando una narrativa oficialista en los medios de comunicación.
La reforma también prohíbe la difusión de mensajes políticos o ideológicos de gobiernos extranjeros, una medida que el oficialismo justifica como protección a la soberanía. Sin embargo, la falta de claridad en los procedimientos y la ausencia de contrapesos legales hacen temer que estas disposiciones se apliquen de manera arbitraria.
El sector empresarial, representado por la International Chamber of Commerce México, expresó su preocupación y pidió un proceso de parlamento abierto para discutir la reforma. Advirtieron que cualquier cambio debe respetar los compromisos internacionales, como el T-MEC, y garantizar la autonomía de los órganos reguladores.
El debate en el pleno del Senado promete ser intenso. La oposición ya anunció que dará la batalla para frenar lo que consideran un ataque directo a las libertades fundamentales. Mientras tanto, la sociedad mexicana observa con inquietud un proyecto que podría transformar el panorama de los medios y la libertad de expresión en el país.