En Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el líder panista Pedro Rodríguez Villegas ha consolidado un control que levanta sospechas. Reelegido como presidente municipal para el periodo 2025-2027, Rodríguez se convirtió en el primer alcalde en gobernar este municipio en tres ocasiones distintas. Su trayectoria, sin embargo, está marcada por señalamientos de prácticas que algunos califican como autoritarias y poco transparentes.
Rodríguez, respaldado por la coalición PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza, ganó las elecciones de 2024 con el 51.97% de los votos, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Este triunfo, lejos de ser un simple reflejo de apoyo popular, ha sido cuestionado por la forma en que el panista ha manejado el poder. Críticos locales denuncian que su administración concentra decisiones clave en un círculo cerrado, dejando poco espacio a la oposición o a la participación ciudadana.
Uno de los puntos más controversiales es el manejo de programas sociales como el Salario Familiar 2025, que ofrece hasta 7,200 pesos a familias de bajos ingresos. Aunque el programa ha sido promocionado como un éxito, hay voces que señalan opacidad en la selección de beneficiarios. Los requisitos, que incluyen cartas dirigidas personalmente al alcalde, han generado críticas por parecer un mecanismo para reforzar su imagen y lealtades políticas.
La seguridad es otro tema que pone a Rodríguez en el ojo del huracán. Su gobierno presume que Atizapán es el municipio más seguro del Estado de México, con una reducción en delitos como el robo de vehículos. Sin embargo, la percepción ciudadana no siempre coincide con estas cifras. Incidentes como las inundaciones por el desbordamiento del río Morita en 2024, que afectaron a 30 viviendas, evidenciaron fallas en la respuesta municipal, lo que alimentó el descontento.
El control de Rodríguez también se extiende a los nombramientos clave. En la primera sesión de cabildo de 2025, se aprobó a Edmundo Rafael Ranero Barrera como secretario del Ayuntamiento, junto con otros aliados cercanos en puestos estratégicos. Estas decisiones, según analistas, reflejan una estrategia para mantener un dominio absoluto sobre las instituciones municipales.
Otro aspecto que genera críticas es la gestión financiera. Aunque Fitch Ratings otorgó a Atizapán una calificación crediticia sólida en 2024, los riesgos asociados al organismo de agua potable podrían convertirse en una carga para las finanzas municipales. La dependencia de transferencias federales, que representan casi el 60% de los ingresos operativos, pone en duda la sostenibilidad de los proyectos impulsados por Rodríguez.
A nivel social, el programa de bonificaciones fiscales para grupos vulnerables, como adultos mayores y madres solteras, ha sido bien recibido. No obstante, detractores argumentan que estas medidas son más una estrategia populista que una solución estructural a las necesidades de la población. La creación de la dirección de Vinculación Ciudadana, aprobada en 2025, también ha sido vista como un intento de controlar las voces ciudadanas en lugar de fomentar una verdadera participación.
El panorama en Atizapán de Zaragoza deja un sabor agridulce. Mientras Rodríguez presume logros en seguridad, finanzas y programas sociales, las acusaciones de acaparamiento de poder y falta de transparencia persisten. Los habitantes de este municipio mexiquense observan con cautela a un líder que, aunque respaldado por los votos, no termina de convencer a todos.