El partido Morena ha vuelto a mostrar su verdadera cara al bloquear una comparecencia en el Senado de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, quien está en el ojo del huracán por un contrato millonario otorgado a una empresa ligada a la familia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. La maniobra de Morena y sus aliados en el Senado deja claro que prefieren encubrir irregularidades antes que transparentar la verdad.
El escándalo comenzó cuando se reveló que Taddei, durante su gestión como titular del Instituto Sonorense de Transparencia, firmó un contrato por 1.2 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra, una empresa en la que la esposa y los hijos de Durazo son accionistas. Este acuerdo, que huele a conflicto de intereses, ha levantado sospechas sobre posibles favores políticos y tráfico de influencias en el corazón de Morena.
Senadores de oposición, encabezados por figuras como Lilly Téllez, exigieron que Taddei rindiera cuentas ante el Senado para aclarar por qué se benefició a una empresa tan cercana al gobernador sonorense, quien además preside el Consejo Nacional de Morena. Sin embargo, la mayoría morenista en el Senado cerró filas y votó en contra de la comparecencia, dejando a la opinión pública sin respuestas.
El contrato en cuestión, firmado en julio de 2022, no es un hecho aislado. La relación entre Taddei y Durazo ha generado críticas desde que se supo que, tras el acuerdo, el hijo de la presidenta del INE fue nombrado secretario jurídico en el gobierno de Sonora. Este entramado de conexiones apunta a un posible intercambio de favores que pone en entredicho la imparcialidad del INE.
La negativa de Morena a permitir la comparecencia de Taddei refuerza la percepción de que el partido busca proteger a sus figuras clave, sin importar las evidencias de irregularidades. Mientras el oficialismo se escuda en su mayoría parlamentaria, la ciudadanía se queda con más preguntas que respuestas sobre la transparencia de quienes deberían garantizar elecciones justas.
Voces de la oposición, como la senadora Claudia Anaya del PRI, han calificado la situación como un claro conflicto de intereses que debe investigarse a fondo. Incluso algunos senadores de Morena, como Ignacio Mier, han reconocido la necesidad de revisar el caso, aunque sus palabras parecen quedarse en mera retórica ante el bloqueo de su propio partido.
La falta de acción del Senado no solo protege a Taddei y Durazo, sino que envía un mensaje preocupante: en el México de la autoproclamada “Cuarta Transformación”, la rendición de cuentas parece ser opcional para los aliados del poder. Este episodio se suma a una lista creciente de controversias que involucran a figuras de Morena en presuntos actos de corrupción.
Mientras tanto, Taddei ha evadido a la prensa con un simple “sin comentarios” cuando se le cuestiona sobre el contrato. Su silencio, combinado con la protección de Morena, alimenta las sospechas de que hay mucho más que ocultar en este caso. La credibilidad del INE, una institución clave para la democracia mexicana, está en juego.
El caso de Durazo y Taddei no es solo un problema de Sonora, sino un reflejo de cómo el poder se ejerce en el México actual. Con Morena cerrando filas para evitar investigaciones, la transparencia y la justicia parecen ser las grandes ausentes en esta historia. La pregunta ahora es: ¿hasta cuándo se permitirá que el oficialismo actúe con impunidad?