La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso una iniciativa que promete revolucionar el sistema ferroviario en México, pero no sin levantar sospechas. La propuesta, que modifica la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, busca dar al Estado un control casi absoluto sobre la construcción, mantenimiento y operación de las vías férreas. ¿El objetivo? Fortalecer el transporte de pasajeros y carga, pero los detalles de esta maniobra han generado dudas sobre su verdadero propósito.
El plan incluye la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, un organismo que tendría el poder de decidir cómo se usan las vías férreas del país. Este nuevo ente, según la iniciativa, coordinará proyectos clave como el Tren Maya o el México-Pachuca, pero también podrá asignar contratos a empresas públicas, incluidas las manejadas por el Ejército, sin pasar por licitaciones públicas. La falta de transparencia en este proceso ya está encendiendo alarmas.
Sheinbaum asegura que esta reforma es para modernizar el transporte y hacerlo más eficiente, pero críticos advierten que podría ser una jugada para centralizar aún más el poder. Al darle al gobierno federal la capacidad de manejar directamente las vías, se abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían beneficiar a aliados políticos o empresas cercanas al régimen, dejando de lado la competencia justa.
Otro punto controversial es la prioridad que se le dará al transporte de pasajeros sobre el de carga. Aunque la presidenta promete que esto no afectará a las empresas privadas que operan las vías, los empresarios del sector ya han expresado su preocupación. La iniciativa podría alterar contratos vigentes, generando incertidumbre en un sector que mueve miles de millones de pesos al año.
La reforma también plantea cambios en otras leyes, como la Orgánica de la Administración Pública Federal y la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Según el gobierno, esto es para “armonizar” el marco legal, pero no queda claro cómo se garantizará que los recursos públicos se usen de manera responsable. El historial de opacidad en proyectos como el Tren Maya no ayuda a calmar las críticas.
El gobierno de Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una inversión de 150 mil millones de pesos para 2025, destinada a construir 3 mil kilómetros de nuevas vías férreas. Entre los proyectos destacados están las rutas México-Nuevo Laredo, México-Nogales y México-Veracruz. Sin embargo, no se ha detallado cómo se financiarán estas obras ni qué medidas se tomarán para evitar sobrecostos o retrasos, problemas recurrentes en megaproyectos del actual régimen.
Mientras tanto, la oposición en la Cámara de Diputados ya ha comenzado a cuestionar la iniciativa. Algunos legisladores señalan que el gobierno de Morena busca crear un monopolio estatal en el sector ferroviario, disfrazado de modernización. La idea de que el Ejército pueda operar trenes de pasajeros también ha generado rechazo, pues muchos ven en esto una militarización innecesaria de un servicio civil.
La discusión en el Congreso será clave para determinar si esta reforma avanza o se queda en el tintero. Por ahora, la propuesta de Sheinbaum ha puesto en el centro del debate el futuro del transporte en México. ¿Será un paso hacia una movilidad más eficiente o una estrategia para consolidar el control del gobierno? El tiempo lo dirá, pero las señales no son del todo alentadoras.