El proceso para elegir a los nuevos jueces en México está bajo fuego tras revelarse que varios candidatos tienen nexos con el narcotráfico. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, ha reconocido que las listas incluyen a personas que no cumplen con los requisitos de probidad, lo que ha desatado una ola de críticas contra el oficialismo.
Gutiérrez Luna se ha sumado a la exigencia de depurar a los aspirantes señalados por haber defendido a narcotraficantes. Sin embargo, admitió que es complicado actuar como “perito investigador” para identificar a los implicados, lo que pone en duda la seriedad del filtro aplicado por los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también de Morena, fue el primero en encender las alarmas al confirmar que hay “defensores de narcos” entre los candidatos. Su declaración ha generado un escándalo que pone en entredicho la transparencia de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Organizaciones civiles, como Defensorxs, han documentado al menos 13 casos de aspirantes con vínculos al crimen organizado, delitos sexuales o sectas religiosas. Estas revelaciones han intensificado las críticas hacia un proceso que, según el oficialismo, busca democratizar la justicia en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum no se ha quedado callada. En una declaración reciente, afirmó que si se comprueban nexos criminales, los candidatos podrían ser descalificados. Sin embargo, sus palabras no han calmado las críticas, pues muchos cuestionan por qué estos perfiles fueron aprobados en primer lugar.
El Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo presión para actuar. Fernández Noroña ha pedido que se cancelen los registros de los candidatos cuestionados, pero hasta ahora no hay nombres concretos ni acciones claras para resolver el problema.
El diputado Gutiérrez Luna aseguró que aún no tienen identificados a todos los implicados, lo que ha generado más incertidumbre. La falta de un plan claro para depurar las listas refuerza la percepción de que el proceso está mal diseñado y carece de rigor.
La elección judicial, programada para el 1 de junio, permitirá a millones de mexicanos votar por 881 cargos federales. Sin embargo, la presencia de candidatos con antecedentes dudosos amenaza con minar la confianza en un sistema que Morena prometió transformar.
Las organizaciones civiles exigen transparencia y una revisión exhaustiva de los perfiles. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo, y la credibilidad del gobierno de Sheinbaum enfrenta un nuevo desafío en su intento de reformar el Poder Judicial.
Este caso pone en evidencia las fallas de un proceso que, lejos de garantizar justicia, parece abrir la puerta a personajes cuestionables. La sociedad mexicana espera respuestas claras y acciones contundentes para evitar que el narco se infiltre en los tribunales.