La organización civil Defensorxs ha sacudido el panorama político al anunciar que denunciará a 13 candidatos a cargos judiciales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Estas acusaciones, que han generado revuelo a pocos días de las elecciones del 1 de junio, exponen serias irregularidades en el proceso para renovar el Poder Judicial en México.
Entre los señalados destaca Silvia Rocío Delgado, candidata a jueza penal en Chihuahua, quien fungió como abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según Defensorxs, Delgado mantuvo contacto directo con el capo, gestionando amparos y actualizando su situación jurídica. Este caso ha encendido las alarmas sobre la idoneidad de los aspirantes a impartir justicia.
Otro perfil preocupante es el de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal en Michoacán. Conocido como “el fiscal del terror” durante su gestión entre 2020 y 2022, Herrera enfrenta acusaciones de pactos con criminales y posibles nexos con los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares. Las denuncias pintan un panorama sombrío sobre su candidatura.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha quedado al margen de la controversia. En su conferencia matutina, exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descalificar a los aspirantes con vínculos criminales. Sin embargo, sus declaraciones han sido criticadas como una reacción tardía, dado que el proceso de selección permitió que estos perfiles llegaran a las boletas.
El Senado, encabezado por Gerardo Fernández Noroña, también ha entrado al quite. El legislador anunció que impugnará a una veintena de candidatos sospechosos de nexos con el narcotráfico. Según Noroña, se han identificado jueces que sistemáticamente han otorgado amparos para liberar a narcotraficantes, lo que cuestiona la integridad del proceso electoral.
Defensorxs ha documentado otros casos alarmantes, como el de Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora. Este exfuncionario penitenciario está acusado de negligencia en la muerte de Paula Josette, una joven fallecida en una cárcel bajo su gestión. La madre de la víctima ha calificado su candidatura como una burla al sistema de justicia.
La organización también señala a candidatos relacionados con sectas político-religiosas y acusados de delitos sexuales. Estos perfiles, según Defensorxs, representan un riesgo para la impartición de justicia en un país ya golpeado por la inseguridad y la corrupción. La falta de filtros efectivos en el proceso de selección ha sido un punto de crítica constante.
Con más de 99 millones de votantes convocados a elegir 881 cargos judiciales, la elección del 1 de junio está en el ojo del huracán. Las acusaciones de Defensorxs y las acciones del Senado y la Presidencia buscan frenar lo que muchos temen: la captura del Poder Judicial por intereses oscuros.
La polémica refleja los retos de una reforma judicial que prometía democratizar la justicia, pero que ahora enfrenta el desafío de garantizar la probidad de sus candidatos. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo se definirá el futuro de la impartición de justicia en México.