El Senado de la República ha encendido las alarmas al anunciar que impugnará a una veintena de candidatos a jueces en la próxima elección judicial del 1 de junio, debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, ha señalado que estos aspirantes no cumplen con los requisitos de probidad exigidos por la Constitución.
La revelación ha generado una ola de críticas, ya que entre los candidatos señalados hay quienes han defendido a narcotraficantes o han otorgado amparos para liberarlos de manera sistemática. Fernández Noroña insistió en que no se trata de un veto arbitrario, sino de una medida para garantizar la integridad del Poder Judicial.
El senador morenista fue claro: los nombres de los candidatos cuestionados no serán revelados por ahora, para evitar acusaciones de violar la ley electoral. Sin embargo, prometió que las impugnaciones se presentarán la próxima semana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció al respecto, exigiendo al Tribunal Electoral que invalide a cualquier candidato con nexos comprobados con el crimen organizado. Este llamado refuerza la postura del gobierno federal, pero no disipa las dudas sobre cómo estos perfiles lograron colarse en el proceso.
El Instituto Nacional Electoral, por su parte, ha mantenido una postura cautelosa. Su presidenta, Guadalupe Taddei, aclaró que no le corresponde al INE retirar candidaturas, sino que será el Senado y el Tribunal Electoral quienes decidan si los aspirantes cumplen con los criterios de elegibilidad.
Organizaciones civiles, como Defensorxs, han puesto el dedo en la llaga al documentar casos específicos. Entre los señalados está Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha avivado el debate sobre la transparencia del proceso de selección.
La elección judicial, que permitirá a 99.7 millones de votantes elegir a 881 cargos, ha estado envuelta en controversia desde su inicio. Las campañas, que concluirán el 28 de mayo, se desarrollan en medio de alertas sobre la posible influencia del crimen organizado en el Poder Judicial.
Este episodio expone las fallas en los filtros de selección de candidatos, un problema que Fernández Noroña reconoció al admitir que “se les fueron algunos casos”. La pregunta ahora es si las autoridades actuarán a tiempo para evitar que el proceso se vea manchado por estos señalamientos.
La sociedad mexicana observa con preocupación cómo se desarrolla este capítulo, que pone en juego la credibilidad de una elección histórica. La sombra del narcotráfico sobre el Poder Judicial no es un tema menor y exige respuestas claras de quienes están a cargo.