Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland, vive un calvario tras ser deportado por un “error administrativo” del gobierno de Donald Trump. A pesar de contar con protección legal desde 2019, que prohibía su expulsión a El Salvador, Ábrego fue enviado a la temida megacárcel Cecot, conocida por sus duras condiciones y denuncias de violaciones a derechos humanos.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump “facilitar” el regreso de Ábrego, pero la Casa Blanca se niega a acatar la decisión. La jueza federal Paula Xinis, quien calificó la deportación como “ilegal”, ha exigido al gobierno pruebas de las acciones tomadas para repatriar a Ábrego, pero hasta ahora no ha recibido respuesta alguna.
El caso ha desatado una batalla legal que pone en evidencia las tensiones entre el poder judicial y la administración Trump. La Casa Blanca, lejos de corregir su error, ha intensificado su postura, acusando a Ábrego de ser un miembro de la pandilla MS-13, algo que su familia y abogados niegan rotundamente.
Jennifer Vásquez Sura, esposa de Ábrego y ciudadana estadounidense, reconoció a su esposo en un video del traslado a Cecot, distribuido por el gobierno salvadoreño. Desde entonces, ha encabezado protestas exigiendo su retorno, mientras sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad, esperan noticias de su padre.
El senador demócrata Chris Van Hollen viajó a El Salvador y logró reunirse con Ábrego, confirmando que está vivo pero “traumatizado”. Sin embargo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado de Trump, se niega a liberarlo, calificándolo de “terrorista” sin pruebas y asegurando que permanecerá en prisión.
La administración Trump ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma usada en tiempos de guerra, para justificar la deportación masiva de 23 salvadoreños y 238 venezolanos, incluyendo a Ábrego. Esta decisión ha sido criticada por jueces y activistas, quienes señalan que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales.
La Casa Blanca ha cambiado su narrativa, pasando de admitir el “error administrativo” a pintar a Ábrego como un criminal peligroso. Recientemente, publicaron documentos que lo vinculan a supuestos actos de violencia doméstica y a la MS-13, pero estos carecen de sustento judicial, según los defensores de Ábrego.
El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias de Trump, que priorizan la deportación masiva sobre el debido proceso. Mientras tanto, la jueza Xinis ha advertido que no tolerará más evasivas y podría declarar al gobierno en desacato si no actúa.
La comunidad migrante en Estados Unidos sigue con atención este caso, que refleja los riesgos de una política migratoria sin garantías legales. Organizaciones como CASA han denunciado que la deportación de Ábrego no es un simple error, sino una violación flagrante de una orden judicial.
El futuro de Kilmar Ábrego permanece incierto, atrapado entre la intransigencia de dos gobiernos y un sistema judicial que lucha por hacer valer la ley. Su familia, en Maryland, no pierde la esperanza de verlo regresar, pero el tiempo juega en su contra mientras permanece en una de las prisiones más duras de la región.