La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado, por ahora, las deportaciones de venezolanos detenidos en el norte de Texas, en un nuevo golpe a los planes del presidente Donald Trump. La decisión, tomada el sábado, impide que el gobierno expulse a migrantes retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra que ha generado controversia por su uso en este contexto.
En una orden breve, el tribunal ordenó a la administración Trump no deportar a los venezolanos en Bluebonnet hasta que se emita una nueva resolución. La medida responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que las autoridades migratorias planeaban reiniciar las deportaciones sin dar a los detenidos la oportunidad de defenderse.
La Corte Suprema había establecido previamente, el 9 de abril, que las deportaciones bajo esta ley solo podían realizarse si los migrantes tenían la posibilidad de presentar sus argumentos ante un tribunal y se les otorgaba un tiempo razonable para apelar. Esta condición no se estaba cumpliendo en el norte de Texas, lo que motivó la intervención del tribunal.
La ACLU señaló que decenas de venezolanos en Bluebonnet recibieron notificaciones en inglés, a pesar de hablar solo español, informándoles que serían deportados por supuesta pertenencia a la pandilla Tren de Aragua. Según la organización, estas acusaciones carecen de pruebas sólidas y los migrantes no fueron informados de su derecho a impugnar las deportaciones, lo que viola las garantías establecidas por el tribunal.
El caso ha generado tensiones legales significativas. Jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas ya habían emitido órdenes para prohibir deportaciones bajo la misma ley hasta que se garantice un proceso justo. Sin embargo, en la región de Bluebonnet, a 38 kilómetros de Abilene, no existía tal protección, lo que permitió a las autoridades migratorias avanzar con los planes de expulsión.
El viernes, la ACLU intensificó sus esfuerzos legales tras reportes de que los detenidos estaban siendo subidos a autobuses para ser trasladados a aeropuertos. Dos jueces federales, incluido James Wesley Hendrix, designado por Trump, se negaron a intervenir, argumentando que las deportaciones no eran inminentes. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito también rechazó emitir una orden de protección, lo que llevó a la ACLU a recurrir al Supremo.
La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para deportar a más de 200 venezolanos acusados de vínculos con Tren de Aragua, es una norma raramente utilizada. Históricamente, solo se aplicó en tres ocasiones, la última durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos de origen japonés. Su uso actual ha sido criticado por abogados y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que criminaliza a migrantes sin pruebas suficientes.
La decisión de la Corte Suprema, con votos en contra de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, no resuelve el caso de fondo, pero garantiza una pausa temporal en las deportaciones. Se espera que el gobierno de Trump apele rápidamente para intentar revertir la orden, mientras los tribunales inferiores continúan evaluando la legalidad de estas expulsiones.
Este fallo se produce horas después de que un tribunal de apelaciones bloqueara otro intento de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 venezolanos, lo que habría dejado a muchos en riesgo de deportación. La batalla legal promete intensificarse en los próximos días, con implicaciones significativas para la política migratoria de Estados Unidos.