En un nuevo golpe a la delincuencia organizada, las autoridades federales y estatales retiraron 19 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en Culiacán, Sinaloa, en un operativo que pone en evidencia la audacia de los grupos criminales. Estas cámaras, utilizadas presuntamente por el narcotráfico para monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad, son parte de una red clandestina que ha encendido las alarmas en la región.
El operativo, llevado a cabo el 17 de abril de 2025, se centró en las colonias Los Pinos, Valle Bonita, Lomas del Bulevar y Villas del Manantial. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se desmontaron 14 cámaras fijas alámbricas y cinco cámaras PTZ inalámbricas, diseñadas con funciones avanzadas de movimiento panorámico, inclinación y zoom, lo que demuestra la sofisticación tecnológica empleada por los criminales.
Con este decomiso, el total de cámaras irregulares retiradas en Sinaloa asciende a más de 2,000, una cifra que refleja la magnitud del problema. Las autoridades han señalado que estos dispositivos, colocados sin autorización en postes y estructuras públicas, no están conectados al sistema oficial de videovigilancia C4i, lo que confirma su uso para fines ilícitos.
La Secretaría de Seguridad Pública destacó que los operativos son parte de una estrategia conjunta que incluye al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la persistencia de estas redes de vigilancia plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas para contener la influencia del crimen organizado en la entidad.
Sinaloa, un estado marcado por la presencia de cárteles, ha enfrentado una ola de violencia que no parece ceder. La instalación de cámaras clandestinas es solo un ejemplo de cómo los grupos delictivos buscan mantener el control territorial, desafiando abiertamente a las autoridades. Este tipo de tecnología les permite anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad, complicando aún más los esfuerzos por restablecer el orden.
A pesar de los decomisos, la situación en Culiacán sigue siendo crítica. En noviembre de 2024, 65 cámaras de videovigilancia oficiales fueron destruidas a balazos, lo que evidencia la guerra abierta entre el crimen organizado y el gobierno. La reposición de estos equipos ha sido lenta, con un promedio de 30 a 45 días para restablecer puntos clave, según las autoridades estatales.
La ciudadanía, atrapada en medio de esta lucha, vive con temor ante la impunidad que parece prevalecer. La Secretaría de Seguridad Pública ha instado a la población a denunciar de manera anónima la presencia de cámaras sospechosas a través de los números 089 y 911, pero la confianza en las instituciones sigue siendo frágil.
Este operativo, aunque significativo, es solo un paso en un camino lleno de obstáculos. La proliferación de estas redes de vigilancia demuestra que el narcotráfico no solo controla territorios, sino también sofisticados sistemas de inteligencia que desafían al Estado. Mientras las autoridades celebran estos decomisos, la pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se logrará frenar esta escalada de violencia e inseguridad en Sinaloa?
La lucha contra el crimen organizado en Culiacán está lejos de terminar. Cada cámara retirada es un golpe al narco, pero también un recordatorio de lo lejos que han llegado los cárteles en su intento por imponer su ley. La ciudadanía espera resultados concretos, pero el panorama sigue siendo desalentador.