Cientos de estudiantes internacionales en Estados Unidos enfrentan una crisis tras la revocación masiva de sus visas, una medida impulsada por la administración de Donald Trump que ha desatado una ola de demandas legales. Según reportes, al menos 901 estudiantes de 128 universidades han perdido su estatus legal desde mediados de marzo, quedando en riesgo de detención y deportación.
La acción ha afectado a estudiantes de prestigiosas instituciones como Harvard, Stanford y la Universidad Estatal de Ohio, así como de pequeñas universidades de artes liberales. Los afectados, provenientes de países como China, India, Reino Unido y Francia, aseguran que las cancelaciones se realizaron sin previo aviso ni explicaciones claras, violando su derecho al debido proceso.
Una de las demandas más destacadas es la de Xiaotian Liu, estudiante de doctorado en Dartmouth College. Liu, quien no enfrenta cargos ni ha cometido infracciones, recibió una orden de restricción temporal que impide su deportación mientras su caso se resuelve. Sus abogados argumentan que la revocación de su visa F-1 fue arbitraria y carece de fundamento legal.
Otro caso que ha generado indignación es el de Mahmoud Khalil, egresado de la Universidad de Columbia. Khalil fue detenido en su domicilio en marzo, y sus representantes legales señalan que la acción tuvo motivaciones políticas, vinculadas a su activismo en temas palestinos. Este tipo de incidentes ha llevado a críticas sobre un posible sesgo en las políticas migratorias.
Las universidades han reaccionado con preocupación, exigiendo al gobierno federal transparencia sobre los criterios utilizados para las revocaciones. Muchas han reportado que descubrieron las cancelaciones al revisar la base de datos del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, sin que las autoridades notificaran directamente a los afectados o a las instituciones.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles han calificado estas medidas como una “prueba de fuego ideológica inconstitucional”. Los críticos comparan la situación con la “Prohibición Musulmana” de la primera administración Trump, que resultó en la cancelación de más de 60,000 visas, y advierten sobre el impacto en la educación superior estadounidense.
Abogados de inmigración han señalado que las revocaciones, en muchos casos etiquetadas como “prudenciales”, se basan en sospechas sin pruebas concretas. Esto ha generado temor entre los estudiantes, quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre su futuro académico y personal en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no han respondido a solicitudes de comentarios, lo que agrava la percepción de opacidad. Mientras tanto, las universidades instan a los estudiantes a llevar siempre consigo sus documentos migratorios y ofrecen asistencia legal para enfrentar esta crisis.
La situación ha desatado un debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos de los estudiantes internacionales. Las demandas presentadas en estados como Georgia, California y Nueva Hampshire buscan frenar lo que muchos describen como una política de expulsión masiva disfrazada de medida administrativa.
A medida que los casos avanzan en los tribunales, la comunidad académica teme que estas acciones disuadan a futuros estudiantes extranjeros de elegir a Estados Unidos como destino educativo. La incertidumbre podría afectar la reputación del país como líder en educación superior global.