Jennifer Vásquez, esposa del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, expresó su dolor y determinación frente al tribunal de Maryland. Su esposo fue deportado por error a una megacárcel en El Salvador, a pesar de contar con una orden judicial que lo protegía. “No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida”, afirmó con voz quebrada, rodeada de familiares y activistas.
Kilmar, de 29 años, vivía legalmente en Estados Unidos desde 2011. Trabajaba en la construcción y estudiaba para mejorar su futuro. En marzo de 2025, fue detenido en un control migratorio y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusado sin pruebas de pertenecer a pandillas. La Casa Blanca admitió que se trató de un “error administrativo”.
El caso de Ábrego García ha desatado indignación. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar su regreso, pero las autoridades aseguran que no pueden intervenir porque está bajo custodia salvadoreña. Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele se niega a liberarlo, acusándolo de ser un “terrorista”.
Jennifer relató cómo identificó a su esposo en un reportaje. Lo vio con la cabeza rapada, vestido con un overol blanco, arrodillado entre otros deportados. Sus tatuajes y cicatrices le permitieron reconocerlo. “Mis hijos preguntan cuándo volverá su papá”, dijo, destacando el impacto en su familia, especialmente en su hijo de cinco años, que tiene autismo.
El 15 de marzo, Kilmar fue uno de los más de 200 migrantes enviados a El Salvador. La operación, basada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ha sido criticada por violar derechos humanos. Los deportados, muchos sin antecedentes, fueron esposados, rapados y encerrados sin acceso a abogados ni comunicación con sus familias.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles han denunciado la falta de debido proceso. Abogados de los deportados aseguran que las acusaciones de pertenencia a pandillas, como la MS-13 o el Tren de Aragua, se basan en prejuicios, como la presencia de tatuajes. En el caso de Kilmar, no hay evidencia de vínculos criminales.
Congresistas demócratas, como el senador Chris Van Hollen, han exigido el regreso de Ábrego García. Van Hollen incluso planea viajar a El Salvador para verificar su estado. “Esto es una injusticia que no debería ocurrir en un país de leyes”, declaró, criticando la deportación como un acto arbitrario.
Mientras la batalla legal continúa, Jennifer mantiene la esperanza. “Kilmar, si me escuchas, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti”, dijo frente a los medios. Su lucha ha convertido el caso en un símbolo de los errores y excesos en las políticas migratorias entre Estados Unidos y El Salvador.
La cooperación entre Trump y Bukele, que incluye pagos millonarios a El Salvador por recibir deportados, está en el centro de la controversia. La megacárcel Cecot, conocida por sus duras condiciones, ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos como un lugar donde los presos enfrentan tratos inhumanos.
El futuro de Kilmar sigue incierto. Mientras su esposa y defensores presionan por su liberación, el caso expone las tensiones entre el poder judicial y las políticas migratorias. La voz de Jennifer resuena como un recordatorio de las familias afectadas por decisiones que, según ella, han destrozado su vida.