En una decisión que sacude los cimientos de la imparcialidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde este miércoles para que la presidenta, legisladores, gobernadores y servidores públicos puedan meter las manos en la promoción de la elección judicial de 2025.
La Sala Superior, con una mayoría aplastante de votos, avaló esta medida, pero con una advertencia: no podrán impulsar candidaturas específicas. Un intento tibio de mantener las formas mientras abren la puerta a la intervención oficialista en un proceso que debería ser independiente.
El proyecto, impulsado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, tumba las restricciones del Instituto Nacional Electoral que buscaban mantener a los funcionarios al margen. Ahora, desde el Ejecutivo hasta los gobernadores podrán usar su influencia para “informar” sobre la elección, siempre que no mencionen nombres. ¿Alguien cree que esto no será aprovechado por el poder en turno?
Mientras el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se opuso, argumentando riesgos a la equidad, la mayoría decidió ignorar las señales de alerta. Esto se suma a la polémica reforma judicial que ya tiene al país en vilo, con elecciones extraordinarias para jueces, magistrados y ministros programadas para junio.
Un paso más hacia el control absoluto del sistema judicial. La pregunta es: ¿hasta dónde llegarán con esta jugada?