Un nuevo impuesto del 1 por ciento en Estados Unidos podría reducir en 1.6 por ciento las remesas enviadas a México, según un análisis reciente. Este gravamen, firmado por el presidente Donald Trump el 4 de julio, representa una pérdida estimada de más de mil 500 millones de dólares al año para el país. México, que depende en gran medida de estos envíos, enfrenta un panorama económico complicado.
En 2024, México recibió un récord de casi 65 mil millones de dólares en remesas, principalmente desde Estados Unidos. Estas transferencias son vitales, representando cerca del 4 por ciento del PIB nacional. Estados como Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, donde las remesas constituyen hasta el 20 por ciento de los ingresos de los hogares, serían los más afectados por esta medida.
El impuesto, inicialmente propuesto en un 5 por ciento, se redujo al 1 por ciento tras negociaciones. Sin embargo, su impacto se extiende a toda la población estadounidense, no solo a los migrantes, como se planteó originalmente. Esto amplifica las consecuencias económicas para países como México, India y Guatemala, que también sufrirán pérdidas significativas.
El análisis del Center for Global Development señala que por cada 1 por ciento de impuesto adicional, el volumen de remesas disminuirá en un 1.6 por ciento. Para México, esto significa una caída sustancial en los envíos que sostienen a millones de familias. Los expertos advierten que los migrantes que envían pequeñas cantidades, entre 250 y 300 dólares al mes, serán los más perjudicados.
A esto se suma el costo adicional que los migrantes ya enfrentan. Actualmente, pagan un promedio del 6.5 por ciento en comisiones a compañías de transferencia. El nuevo impuesto eleva aún más esta carga, alejándose del objetivo de Naciones Unidas de reducir las comisiones por remesas al 3 por ciento.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto un plan para mitigar el impacto. A través de la Financiera del Bienestar, el gobierno mexicano reembolsará el 1 por ciento del impuesto a quienes envíen remesas en efectivo. Sin embargo, expertos señalan que los límites operativos de esta institución podrían dificultar la implementación efectiva de esta medida.
El impuesto se aplica solo a las remesas pagadas en efectivo, mientras que las transferencias electrónicas quedan exentas. Dado que más del 90 por ciento de las remesas a México se realizan por medios electrónicos, algunos analistas sugieren que el impacto podría ser menor. Aún así, la medida genera preocupación en comunidades migrantes y en la economía mexicana.
En un contexto donde las remesas son un pilar fundamental, esta política de Estados Unidos podría tener efectos devastadores. La reducción en los envíos no solo afecta a las familias, sino también al consumo interno, con estimaciones que sugieren una caída del 25 por ciento en el gasto en México. El panorama económico se complica aún más con las tensiones comerciales y las políticas migratorias de Trump.
La aprobación final del impuesto está en manos del Senado estadounidense. Mientras tanto, el gobierno mexicano y organizaciones de migrantes buscan estrategias para contrarrestar sus efectos. La incertidumbre persiste sobre cómo esta medida transformará el flujo de remesas y el bienestar de millones de mexicanos.
