El gobierno federal ha dado un golpe inesperado al sistema de transparencia en México, asumiendo el control total de este ámbito y dejando en el limbo las solicitudes de información. Con esta maniobra, se aplazan hasta junio los recursos de impugnación ante negativas de entregar datos, una decisión que despierta sospechas sobre las intenciones reales de la administración.
Desde el sábado 5 de abril, las autoridades han centralizado las funciones que antes recaían en organismos autónomos, argumentando una supuesta “optimización” de procesos. Sin embargo, este movimiento se percibe como un intento descarado de ocultar información sensible y limitar el acceso de los ciudadanos a los datos públicos.
La medida afecta directamente a quienes buscan respuestas claras del gobierno, especialmente en un contexto donde la opacidad ha sido una constante. Los recursos de impugnación, herramienta clave para exigir transparencia, quedan suspendidos por meses, lo que genera un vacío de rendición de cuentas.
Criticos señalan que esta acción fortalece el control del gobierno federal, liderado por Morena, sobre la narrativa oficial. Mientras tanto, la ciudadanía queda a la espera de saber si esta “reorganización” es un paso hacia la claridad o un cerrojo más en la puerta de la verdad.