En México, la búsqueda de personas desaparecidas tiene rostro de mujer. Madres, esposas, hermanas e hijas han tomado en sus manos una labor que debería ser responsabilidad del Estado, pero lo hacen enfrentando un panorama de violencia y abandono. Un reciente informe de Amnistía Internacional revela que el 97% de estas mujeres sufren agresiones y afectaciones mientras buscan a sus seres queridos, en un país donde la crisis de desapariciones no da tregua.
El informe, titulado “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, documenta un patrón alarmante de agresiones. Basado en encuestas a 661 mujeres de más de 230 colectivos de búsqueda, el estudio detalla que el 45% ha recibido amenazas, el 39% ha sido extorsionada, el 27% ha sufrido ataques físicos y un 10% ha enfrentado tortura. Incluso, algunas han sido víctimas de secuestros y violencia sexual.
La crisis de desapariciones en México es abrumadora. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay más de 130,000 personas desaparecidas en el país. La mayoría de quienes buscan son mujeres, quienes asumen esta tarea en un contexto de impunidad y desdén institucional. Estas mujeres, organizadas en colectivos, no solo enfrentan al crimen organizado, sino también la indiferencia de las autoridades.
Las consecuencias para las buscadoras van más allá de la violencia directa. El informe destaca que el 70% de ellas ha visto deteriorada su salud física y mental, con problemas como depresión, insomnio y pérdida de apetito. Además, el 60% ha perdido recursos económicos y ha enfrentado un impacto severo en sus relaciones familiares, lo que agrava su situación personal.
Muchas de estas mujeres han perdido sus empleos por dedicar tiempo a la búsqueda, asumiendo roles de proveedoras en hogares fracturados por la desaparición de un ser querido. La falta de apoyo estatal las obliga a enfrentar solas los riesgos de buscar en campos, fosas clandestinas, hospitales y morgues, donde a menudo son blanco de agresiones.
Amnistía Internacional ha señalado que el gobierno mexicano no está a la altura del problema. A pesar de que México cuenta con el primer gobierno encabezado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, las políticas actuales no reflejan un compromiso real para proteger a las buscadoras. Las autoridades minimizan la gravedad de la crisis, dejando a estas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.
El informe también critica las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Solo el 17% de las buscadoras ha denunciado las agresiones sufridas, debido a la desconfianza en las autoridades y al temor a represalias. Esta falta de protección perpetúa un ciclo de impunidad que pone en riesgo sus vidas.
La organización internacional hace un llamado urgente al gobierno federal para reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos y garantizar su seguridad. Además, propone una estrategia integral que aborde la crisis de desapariciones como un problema estructural, con la participación activa de las familias afectadas y la sociedad civil.
La labor de las buscadoras no solo es una lucha por encontrar a sus seres queridos, sino también por exigir verdad y justicia. A pesar de los riesgos, han impulsado leyes, políticas públicas y la creación de instituciones para abordar las desapariciones. Sin embargo, sin un cambio real en la respuesta del Estado, su lucha seguirá siendo una tarea solitaria y peligrosa.
En un país donde la desaparición de personas es un problema congénito, las madres buscadoras representan un símbolo de resistencia. Pero su valentía no debería ser un acto heroico individual. El Estado debe asumir su responsabilidad para que estas mujeres puedan buscar sin miedo y sin pagar el costo de su vida o su seguridad.