La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha levantado la voz contra una sentencia que considera una amenaza a su autonomía. El Consejo Universitario expresó su indignación por la multa de 15 millones de pesos impuesta al exrector Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, en un caso vinculado a la ministra Yasmín Esquivel.
El fallo, emitido por una jueza de la Ciudad de México, obliga a los exfuncionarios a pagar esta suma a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de Esquivel, por supuesto daño moral. La UNAM argumenta que ambos actuaron conforme a la normatividad al investigar el presunto plagio de la ministra, un caso que desató polémica en 2022.
Para la universidad, esta decisión judicial es una intromisión inadmisible en su autonomía. El Consejo Universitario señaló que el monto es desmesurado y que las sanciones vulneran el derecho a la información, afectando la transparencia que la sociedad espera de la institución.
La UNAM también criticó el uso del sistema judicial con fines intimidatorios. Según el comunicado, Graue y Macedo solo cumplieron con su deber al aplicar las reglas internas frente a un acto que dañó a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana.
El pleno del Consejo exigió al Poder Judicial de la Ciudad de México una resolución justa en la apelación presentada por los exfuncionarios. La universidad subrayó que su compromiso con la integridad académica sigue firme, como pilar de su labor formativa.
Este caso revive el debate sobre el plagio de la tesis de Esquivel, un asunto que la ministra ha logrado frenar judicialmente. Mientras tanto, la UNAM defiende su derecho a actuar sin presiones externas, en un episodio que pone en juego su prestigio y autonomía.