La violencia en México no da tregua y el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, lo demuestra con crudeza. Cuatro sobrevivientes han identificado a los responsables de su secuestro entre los diez detenidos en este lugar, un supuesto campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desmantelado en septiembre pasado.
El operativo inicial dejó un saldo alarmante: dos personas rescatadas, un cuerpo encontrado y diez hombres capturados tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Ahora, las víctimas señalan directamente a estos sujetos como quienes las mantuvieron cautivas, exponiendo la brutalidad que se vivía en ese predio.
La Fiscalía de Jalisco no se queda de brazos cruzados y ya trabaja para imputar nuevos cargos por desaparición forzada y homicidio. Sin embargo, el tiempo que tomó reaccionar levanta sospechas: ¿por qué las autoridades no actuaron antes si este sitio operaba como un centro criminal a plena vista?
La inseguridad sigue creciendo y el gobierno parece incapaz de frenarla. Mientras las víctimas alzan la voz, el rancho Izaguirre se convierte en un símbolo más de la impunidad que azota al país, dejando claro que la justicia sigue siendo una deuda pendiente.