En lo que va del año, México enfrenta una crisis desgarradora: mil 281 casos de niños y adolescentes desaparecidos han sido reportados, según datos oficiales. La cifra, que refleja un problema de seguridad pública fuera de control, pone en evidencia la falta de acción efectiva por parte de las autoridades federales para garantizar la protección de los más vulnerables.
El Estado de México lidera esta trágica estadística, con cientos de casos concentrados en municipios como Ecatepec, Naucalpan y Toluca. La densidad poblacional y las condiciones de vulnerabilidad en estas zonas agravan el problema, pero la ausencia de estrategias claras de prevención y búsqueda por parte del gobierno federal y local es inaceptable.
De los casos registrados, el 66% corresponde a niñas y adolescentes, lo que señala una preocupante tendencia de violencia de género que no ha sido atendida con la urgencia que merece. Las autoridades, encabezadas por el gobierno de Morena, parecen incapaces de frenar esta ola de desapariciones que destroza familias y comunidades.
Aunque más del 70% de los menores reportados como desaparecidos en el Estado de México fueron localizados, 602 casos siguen sin resolverse. Esto significa que cientos de familias viven en la incertidumbre, sin respuestas ni apoyo adecuado. La ineficiencia en las investigaciones y la falta de coordinación entre instituciones agravan esta crisis.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas revela que los menores de 13 a 17 años son los más afectados, con un aumento notable en los casos a partir de los 12 años. Estos datos reflejan un sistema de seguridad colapsado, incapaz de proteger a la infancia y adolescencia del país.
Organizaciones civiles han denunciado que las investigaciones se cierran rápidamente una vez que un menor es localizado, sin analizar los patrones o móviles detrás de las desapariciones. Esto impide desarrollar estrategias efectivas para prevenir futuros casos y deja en la impunidad a los responsables de estos delitos.
La vinculación de las desapariciones con otros crímenes, como el secuestro, la trata de personas y el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, evidencia la magnitud del problema. Factores como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades son aprovechados por grupos criminales, mientras el gobierno federal no implementa soluciones integrales.
La sociedad civil exige una política nacional que priorice la búsqueda de personas desaparecidas y combata las causas estructurales de esta crisis. La falta de transparencia en los datos y la nula rendición de cuentas por parte de las autoridades solo perpetúan el dolor de miles de familias mexicanas.
Este panorama desolador no puede seguir siendo ignorado. La desaparición de niños y adolescentes es un reflejo del fracaso en las políticas de seguridad del actual gobierno. México merece respuestas, acciones concretas y justicia para quienes siguen sin regresar a casa.