En México, las personas trans enfrentan serios obstáculos institucionales y económicos para obtener sus tratamientos de género, a pesar de que 22 de los 32 estados han implementado reformas legales en favor de sus derechos. La situación es tan crítica que muchas optan por automedicarse o recurrir a métodos peligrosos que ponen en riesgo su vida.
La activista Victoria Morales relató su experiencia de hace una década en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde encontró desinformación y estigmatización. Solicitó un acompañamiento hormonal, pero le impusieron pruebas innecesarias y un diagnóstico absurdo de “transexualidad crónica”, un término que ni siquiera existe médicamente.
Según el Inegi, 5 millones de personas se identifican como LGBTI en el país, de las cuales más de 316 mil son transgénero o transexual. Esta población tiene entre un 5% y un 19% más de probabilidad de ser rechazada en empleos, lo que agrava su acceso a recursos para costear tratamientos privados.
Human Rights Watch destaca avances en 22 entidades que permiten la rectificación de documentos por identidad de género, pero señala que persisten desafíos. Los largos tiempos de espera en el sector público y la falta de capacitación médica son barreras constantes.
Carlos Becerra, de Unión Diversa en Jalisco, reconoce ciertos progresos en los protocolos de atención pública, pero critica que los médicos no siempre están preparados. Esto empuja a muchas personas trans a soluciones riesgosas fuera del sistema de salud formal.