Extorsión se ha convertido en uno de los delitos más alarmantes en el Estado de México, y ahora la gobernadora Delfina Gómez busca una transformación radical en la forma de combatirlo. Esta iniciativa, que plantea derogar el delito de extorsión del Código Penal local, genera dudas sobre su verdadera efectividad en un contexto donde las cifras de extorsión no dejan de aumentar. Con un enfoque que pretende alinearse con estrategias federales, la propuesta de Delfina Gómez podría ser un paso audaz o un movimiento controvertido que deja expuesta la vulnerabilidad del sistema de justicia estatal. Mientras el Estado de México figura entre las entidades más afectadas por extorsión, esta medida busca homogeneizar las leyes, pero críticos cuestionan si realmente atacará las raíces del problema o solo reorganizará el marco legal sin resultados tangibles.
El Alarmante Aumento de Extorsión en Edomex
Extorsión ha experimentado un incremento significativo en los últimos años, con datos que revelan un crecimiento del 20.8 por ciento en el promedio diario de casos a nivel nacional desde 2019 hasta 2025. En el Estado de México, la situación es particularmente grave, ya que esta entidad, junto con otras tres, concentra el 57.8 por ciento de todas las extorsiones reportadas en el país. Delfina Gómez, como gobernadora, ha respondido a esta crisis proponiendo eliminar el delito de extorsión del Código Penal mexiquense, argumentando la necesidad de adaptarse a la legislación federal reciente. Sin embargo, esta decisión podría interpretarse como una admisión implícita de que las herramientas actuales contra la extorsión son insuficientes, dejando a los ciudadanos en una posición de mayor incertidumbre ante un delito que afecta la estabilidad social y económica.
Contexto Nacional de Extorsión y su Impacto Local
La extorsión no es un problema aislado; se vincula con otros delitos como el secuestro y afecta directamente a sectores vulnerables como el comercio y el transporte. En el Estado de México, donde la extorsión ha proliferado, la propuesta de Delfina Gómez incluye la creación de un Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados. Este órgano colegiado permanente buscaría coordinar políticas públicas, pero surge la pregunta: ¿será suficiente para revertir las tendencias actuales de extorsión? La gobernadora enfatiza la homologación con la Ley General contra la Extorsión aprobada en noviembre, pero en un estado gobernado por Morena, esta iniciativa podría verse como un intento de centralizar el control sin abordar las fallas locales en la aplicación de la ley.
Además, la extorsión en Edomex ha generado efectos nocivos que van más allá de las estadísticas, impactando la confianza en las instituciones. Delfina Gómez propone expedir una ley estatal integral que regule la prevención, persecución y sanción de la extorsión, incorporando principios y directrices del modelo nacional. No obstante, este enfoque sensacionalista de "eliminar" el delito del código penal podría confundir a la población, ya que en realidad se trata de una reubicación legal que no garantiza una reducción inmediata de la extorsión en las calles.
Detalles de la Propuesta contra Extorsión
Extorsión sería combatida mediante medidas específicas en la iniciativa de Delfina Gómez, como la creación de una Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro. Esta entidad operaría dentro de plazos establecidos: 45 días para su puesta en marcha una vez aprobada la ley. Críticos argumentan que estos tiempos podrían ser optimistas, considerando la burocracia estatal y la persistencia de la extorsión en centros penitenciarios, donde se originan muchas llamadas extorsivas. La propuesta también incluye la instalación de inhibidores de llamadas celulares en todos los centros penitenciarios del Estado de México, con un plazo de 150 días, una medida que busca cortar de raíz una fuente común de extorsión.
Creación de Estrategias y Centros Especializados
Para fortalecer la lucha contra la extorsión, Delfina Gómez plantea una estrategia estatal que debe implementarse en 180 días, liderada por la Secretaría de Seguridad. Esto incluiría un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, diseñado para orientar y canalizar reportes de manera eficiente. Sin embargo, en un panorama donde la cifra negra de extorsión es alta debido a la falta de confianza en las autoridades, esta iniciativa de Morena podría enfrentar escepticismo. La extorsión vinculada a delitos como el secuestro requiere no solo leyes, sino recursos y capacitación que el gobierno estatal ha sido lento en proporcionar en el pasado.
La propuesta contra extorsión también obliga a las instituciones a colaborar bajo el marco nacional, promoviendo una estrategia conjunta. Delfina Gómez busca con esto generar condiciones de confianza institucional, pero en un estado como Edomex, donde la extorsión afecta diariamente a miles, las promesas de erradicación suenan ambiciosas y potencialmente irrealistas sin un presupuesto adicional significativo.
Implicaciones Políticas de la Iniciativa sobre Extorsión
Extorsión en el contexto político del Estado de México revela tensiones entre el gobierno federal y estatal, ambos bajo la bandera de Morena. Delfina Gómez, al proponer derogar la extorsión del Código Penal local, alinea su administración con la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada el año pasado. Esta homologación podría fortalecer la cohesión partidista, pero también expone críticas sobre la dependencia de políticas federales que no siempre se adaptan a realidades locales. La extorsión, como delito de alto impacto, demanda acciones inmediatas, y esta propuesta podría ser vista como un retraso disfrazado de reforma.
Plazos y Desafíos en la Implementación
Los plazos establecidos en la iniciativa contra extorsión incluyen 60 días para el Consejo Estatal y 180 días para el centro de denuncias, lo que plantea desafíos logísticos en un estado con alta incidencia de extorsión. Delfina Gómez argumenta que estas medidas reducirán la cifra negra y inhibirán el delito, pero sin mecanismos de rendición de cuentas claros, la extorsión podría persistir. En Edomex, donde la extorsión se entreteje con la corrupción, esta propuesta sensacionalista necesita más que palabras para convencer a una población cansada de promesas incumplidas.
La gobernadora Delfina Gómez ha impulsado esta reforma en respuesta a la aprobación federal en octubre, que obliga a las entidades a ajustar sus marcos jurídicos. Sin embargo, eliminar la extorsión del código penal estatal podría generar vacíos legales temporales, exacerbando el problema en lugar de mitigarlo.
Expertos en seguridad, como aquellos consultados en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacan que la extorsión requiere enfoques multifacéticos más allá de cambios legislativos.
Publicaciones especializadas en política, similares a las analizadas en Milenio, sugieren que iniciativas como esta de Delfina Gómez podrían enfrentar oposición en el Congreso local si no se demuestran beneficios inmediatos contra la extorsión.
Analistas independientes, basados en datos de entidades como el Congreso de la Unión, advierten que homologar leyes contra extorsión es positivo, pero sin ejecución efectiva, el delito persistirá en estados como Edomex.