En un nuevo capítulo de la polémica política migratoria de Donald Trump, Estados Unidos deportó a El Salvador a 17 personas acusadas de pertenecer a las peligrosas pandillas Tren de Aragua y MS-13. La operación, realizada el pasado fin de semana, fue confirmada por el Departamento de Estado como parte de una estrategia antiterrorista.
La deportación incluyó a presuntos criminales señalados como asesinos y violadores, enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad en El Salvador. Nayib Bukele, presidente salvadoreño, destacó que todos son “delincuentes de alto perfil”, incluidos seis violadores de menores.
Este traslado se suma a una acción previa en marzo, cuando más de 230 venezolanos fueron enviados al mismo país, pese a órdenes judiciales en EE.UU. que intentaron frenarlas. La administración Trump justificó la medida bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma en disputa legal.
El juez federal James Boasbert convocó una audiencia para exigir explicaciones al gobierno estadounidense, que insiste en que estas pandillas representan una amenaza creciente. Sin embargo, la operación ha generado críticas por presuntas violaciones al debido proceso.
Mientras tanto, Bukele defendió la colaboración con Washington, subrayando que estas acciones fortalecen la lucha contra el crimen transnacional. El Salvador, único país centroamericano que acepta criminales deportados de EE.UU., se posiciona como aliado clave en esta estrategia.