Disposiciones fiscales recientemente aprobadas representan un grave riesgo para los pequeños comerciantes y empresarios en México, según alertó el senador Agustín Dorantes Lámbarri en una conferencia de prensa realizada en el inicio de 2026. Estas disposiciones fiscales, que fortalecen de manera desmedida el poder del gobierno federal sobre los contribuyentes, podrían llevar a un aumento significativo en las cargas económicas y a una mayor incertidumbre jurídica, afectando directamente la operación diaria de miles de negocios en todo el país.
El llamado urgente ante las disposiciones fiscales
En el contexto del Día de Reyes y el arranque del nuevo año, Dorantes Lámbarri enfatizó la necesidad de que la ciudadanía, en particular los comerciantes, se mantenga vigilante frente a estas disposiciones fiscales que parecen diseñadas para inclinar la balanza a favor de la autoridad fiscal. El senador destacó que 2026 será un año de retos para San Juan del Río, Querétaro y la nación entera, donde tanto la sociedad como el gobierno deben colaborar para construir un futuro económico más sólido. Sin embargo, criticó duramente cómo estas disposiciones fiscales socavan la herencia de generaciones anteriores al priorizar el control estatal sobre la protección de los derechos de los contribuyentes.
Reformas que prolongan litigios y elevan costos
Una de las críticas más fuertes de Dorantes se centró en las modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, parte integral de estas disposiciones fiscales. Estas cambios permiten que la autoridad fiscal recurra a tribunales colegiados para impugnar resoluciones que favorecen a los contribuyentes, lo que inevitablemente alarga los juicios y dispara los gastos asociados. En consecuencia, las disposiciones fiscales dejan a los pequeños empresarios en una posición vulnerable, obligándolos a enfrentar procesos largos y costosos sin garantías de justicia rápida.
Además, Dorantes explicó que estas disposiciones fiscales limitan severamente la posibilidad de suspender actos como embargos o el congelamiento de cuentas bancarias durante un litigio. Esto significa que, mientras se resuelve el caso, los comerciantes podrían ver paralizadas sus operaciones, lo que representa un golpe directo a su liquidez y capacidad de supervivencia. El senador no escatimó en describir esta situación como un estado de indefensión absoluta, donde las disposiciones fiscales actúan como una herramienta opresiva del gobierno federal contra los ciudadanos honestos que intentan contribuir al desarrollo económico.
Consecuencias de las disposiciones fiscales en la economía formal
Las disposiciones fiscales también han sido vinculadas por Dorantes a la reforma de la Ley de Amparo aprobada en octubre anterior, la cual reduce drásticamente las opciones para suspender cobros fiscales considerados ilegales o excesivos. Bajo estas disposiciones fiscales, los contribuyentes se ven forzados a pagar primero y reclamar después, un mecanismo que pone en riesgo la continuidad de muchas pequeñas empresas. El legislador advirtió que este enfoque no solo genera inestabilidad, sino que también desalienta la inversión y fomenta la informalidad, ya que los comerciantes prefieren evitar el rigor de estas disposiciones fiscales para no enfrentar sanciones desproporcionadas.
Aumento en la eliminación de pequeños patrones
En un tono alarmista, Dorantes reveló que 2025 marcó un récord negativo en la eliminación de pequeños patrones en México, superando incluso las cifras de crisis económicas pasadas. Atribuyó este fenómeno directamente a las disposiciones fiscales que han debilitado la economía formal, impulsando a miles de emprendedores hacia la informalidad. Sin acceso a derechos como la seguridad social o pensiones, estos trabajadores enfrentan un futuro incierto, y las disposiciones fiscales solo agravan esta tendencia al priorizar la recaudación sobre el bienestar de la población productiva.
El senador criticó abiertamente cómo el gobierno federal, a través de estas disposiciones fiscales, ha creado un entorno hostil para los negocios, donde la certidumbre jurídica brilla por su ausencia. En lugar de fomentar el crecimiento, estas medidas parecen destinadas a consolidar el control estatal, dejando a los comerciantes en una lucha constante por su supervivencia. Dorantes insistió en que las disposiciones fiscales deben ser revisadas urgentemente para restaurar el equilibrio entre la autoridad y los ciudadanos, evitando así un mayor deterioro en la generación de empleo formal.
Acciones futuras contra las disposiciones fiscales
Comprometido con la defensa de los contribuyentes, Agustín Dorantes aseguró que desde su posición en el Senado impulsará iniciativas legislativas para contrarrestar los efectos negativos de estas disposiciones fiscales. Su objetivo es fortalecer los mecanismos de protección ciudadana y generar una mayor certidumbre jurídica que permita el florecimiento económico. Criticó la falta de visión del gobierno federal en la implementación de estas disposiciones fiscales, argumentando que ignoran las realidades de los pequeños comerciantes y priorizan intereses recaudatorios por encima del desarrollo sostenible.
Implicaciones para Querétaro y el país
Enfocándose en regiones como Querétaro, Dorantes subrayó que las disposiciones fiscales impactan de manera particular a los emprendedores locales, quienes ya lidian con desafíos regionales. Estas medidas, impuestas por el gobierno federal, podrían frenar el progreso en estados dinámicos como este, donde el comercio juega un rol vital. El senador llamó a una unión entre sociedad y legisladores para combatir estas disposiciones fiscales, promoviendo reformas que equilibren la balanza y fomenten un ambiente propicio para la inversión y el empleo.
Las disposiciones fiscales, según expertos en materia tributaria, han generado un debate nacional sobre la equidad en el sistema fiscal mexicano. Informes del propio Senado indican que tales cambios han incrementado la carga administrativa para los pequeños negocios, complicando su cumplimiento y exponiéndolos a sanciones innecesarias.
De acuerdo con análisis de organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el aumento en la informalidad ligado a estas disposiciones fiscales ha afectado la cobertura de servicios sociales, dejando a miles sin protección adecuada. Publicaciones especializadas en economía destacan cómo estas medidas han contribuido a un clima de desconfianza hacia las instituciones fiscales.
Finalmente, voces desde el Congreso, incluyendo reportes de comisiones legislativas, sugieren que las disposiciones fiscales requieren una revisión inmediata para evitar impactos mayores en la economía nacional, alineándose con las preocupaciones expresadas por figuras como Dorantes.