Ataques a periodistas en Perú han marcado un precedente alarmante en 2025, convirtiéndolo en el período más peligroso para el ejercicio de la libertad de prensa en el país andino. Este año registró un total de 458 incidentes violentos contra reporteros y medios de comunicación, incluyendo cuatro asesinatos brutales que han generado conmoción en la sociedad peruana y en la comunidad internacional. La situación pone en evidencia una escalada de hostilidad que amenaza no solo a los comunicadores, sino al derecho fundamental de la información libre y veraz.
Escalada de violencia: Los números que aterrorizan
Ataques a periodistas en Perú alcanzaron cifras récord en 2025, con 458 agresiones documentadas que van desde amenazas hasta homicidios. Entre los casos más graves destacan los cuatro asesinatos que han dejado un vacío irreparable en el gremio periodístico. El último de ellos fue el de Mitzar Castillejos, quien falleció en Lima tras ser baleado por desconocidos mientras se dirigía a su programa de radio en Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali. Este incidente no es aislado; antes de él, perdieron la vida Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez en Pacasmayo, todos víctimas de una violencia que parece sistemática y dirigida a silenciar voces críticas.
Tipos de agresiones: Un panorama desolador
Los ataques a periodistas en Perú no se limitan a la violencia física; el informe detalla una variedad de hostigamientos que incluyen 127 amenazas y acosos, 114 agresiones verbales y físicas, 79 discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar el trabajo de los reporteros, 50 obstáculos para cubrir eventos noticiosos y 46 casos de intimidación a través del sistema judicial. Además, se registraron 13 amenazas provenientes de propuestas legislativas, 12 impedimentos para acceder a información pública, cuatro afectaciones laborales como despidos injustificados, cuatro sanciones administrativas, tres detenciones arbitrarias y dos ciberataques que comprometen la seguridad digital de los medios.
Esta diversidad en los ataques a periodistas en Perú revela un patrón preocupante donde el objetivo es erosionar la libertad de prensa desde múltiples frentes. La violencia contra la prensa en el país andino no solo pone en riesgo la vida de los comunicadores, sino que también debilita la democracia al limitar el flujo de información veraz hacia la ciudadanía.
Agresores identificados: Funcionarios y fuerzas de seguridad en la mira
Ataques a periodistas en Perú provienen mayoritariamente de figuras de autoridad, con 217 incidentes atribuidos a funcionarios públicos, lo que representa más de la mitad de los casos. Le siguen 121 agresiones por parte de agentes de seguridad, incluyendo policías, militares, guardias municipales y vigilantes privados. Otros 71 provienen de civiles, 45 de sujetos no identificados y cuatro de empleadores directos. Esta distribución subraya cómo el poder estatal y sus ramificaciones parecen estar en el centro de la tormenta de violencia contra la prensa.
Impacto por medios y género: Una desigualdad evidente
En cuanto a los medios afectados por ataques a periodistas en Perú, los digitales encabezan la lista con 219 casos, seguidos por los televisivos con 108, los escritos con 66 y los radiales con 65. Por género, 231 hombres fueron víctimas, junto con 93 mujeres y 134 medios de comunicación en general. Esta disparidad no solo refleja la vulnerabilidad de los reporteros varones en zonas de alto riesgo, sino también el creciente peligro para las mujeres en el periodismo, donde el acoso y la intimidación judicial agravan la situación.
La violencia contra la prensa en Perú se extiende geográficamente a 65 provincias, con Lima concentrando 256 incidentes, seguida por Huamanga, Huaraz y Puno con 12 cada una, y Maynas con 10. Estos datos pintan un mapa de terror que abarca desde la capital hasta las regiones amazónicas y andinas, donde los ataques a periodistas en Perú se han convertido en una amenaza cotidiana.
Contexto regional: Perú, segundo en letalidad
Ataques a periodistas en Perú posicionan al país como el segundo más peligroso en América Latina para el ejercicio periodístico, solo por detrás de México. Esta comparación es escalofriante, ya que supera incluso a naciones como Ecuador, Colombia y Haití, conocidas por sus altos niveles de inseguridad. La libertad de prensa en Perú se ve amenazada no solo por balas y amenazas, sino por un entorno donde las instituciones estatales, como el Ejecutivo y el Congreso, figuran como principales agresores según diversos monitoreos.
Reacciones y denuncias: Voces que no callan
Frente a los ataques a periodistas en Perú, líderes del gremio han alzado la voz con fuerza. La presidenta de una asociación nacional de periodistas declaró que estos crímenes buscan "callarnos, silenciar las voces críticas y amordazar a quienes investigan", ya sea mediante leyes restrictivas o violencia directa. Un asesor legal del mismo grupo enfatizó que las agresiones se han acentuado contra aquellos que fiscalizan y denuncian irregularidades, destacando el rol del gobierno en esta crisis.
La persecución judicial contra periodistas críticos, campañas de desinformación y restricciones al acceso a la información pública agravan el panorama. Propuestas legislativas que amenazan las libertades informativas han sido denunciadas como intentos de legalizar la censura, lo que intensifica la alarma sobre el futuro de la libertad de prensa en Perú.
Consecuencias a largo plazo: Un periodismo en jaque
Los ataques a periodistas en Perú no solo causan pérdidas humanas irreparables, sino que generan un efecto disuasorio que podría llevar a la autocensura entre los comunicadores. En un país donde la violencia contra la prensa escala año tras año, el riesgo de que historias importantes queden sin contar es inminente. Esto afecta directamente a la sociedad, privándola de herramientas para exigir rendición de cuentas a sus líderes y combatir la corrupción.
Medidas urgentes: ¿Qué se necesita?
Para contrarrestar los ataques a periodistas en Perú, se requiere una acción inmediata de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables. La protección de los reporteros debe ser prioridad, implementando protocolos de seguridad y garantizando el acceso irrestricto a la información. Sin estas medidas, el año letal de 2025 podría ser solo el comienzo de una era más oscura para la libertad de prensa en Perú.
En informes detallados de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los comunicadores, se resalta cómo el 2025 ha sido un punto de inflexión, con datos recopilados meticulosamente que exponen la gravedad de la situación en el país andino.
Organizaciones internacionales que monitorean la libertad de expresión han coincidido en que Perú enfrenta uno de los peores escenarios en décadas, con evidencias de persecución sistemática que incluyen no solo violencia física, sino también maniobras legales para intimidar a los medios.
Según balances anuales publicados por gremios periodísticos y entidades de vigilancia hemisférica, los asesinatos y agresiones registradas en 2025 superan patrones previos, urgiendo a una respuesta global para salvaguardar el periodismo en regiones vulnerables como Latinoamérica.