Un escándalo sacude a la congregación de los Legionarios de Cristo tras la vinculación a proceso de Antonio María Cabrera, sacerdote de 68 años, acusado de violar a un menor de edad en múltiples ocasiones. Los hechos, que han generado indignación, ocurrieron entre 2004 y 2011 en Naucalpan, Estado de México.
La detención del religioso se llevó a cabo el 11 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una operación conjunta entre la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e Interpol México. Cabrera fue arrestado al llegar de un vuelo proveniente de Madrid.
Según la Fiscalía mexiquense, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 7 años. Uno de los primeros incidentes ocurrió el 16 de mayo de 2004, cuando el sacerdote habría sometido al menor para agredirlo sexualmente. Los hechos se repitieron en abril de 2007, esta vez acompañados de amenazas.
En diciembre de 2011, cuando la víctima tenía 15 años, Cabrera habría cometido una nueva agresión. La denuncia fue presentada en diciembre de 2024, lo que desencadenó la investigación que llevó a la captura del sacerdote, quien enfrenta ahora tres cargos por violación.
El religioso, que también fue exdirector de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, permanece en prisión preventiva en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Un juez otorgó tres meses para concluir la investigación complementaria, mientras el caso avanza en los tribunales.
Los Legionarios de Cristo emitieron un comunicado asegurando su compromiso de colaborar con las autoridades. Sin embargo, pidieron respetar la presunción de inocencia del acusado, lo que ha generado críticas entre quienes exigen justicia inmediata para la víctima.
El caso reaviva el oscuro historial de la congregación, fundada por Marcial Maciel, quien enfrentó múltiples acusaciones de abuso sexual antes de su muerte en 2008. Cabrera, señalado como cercano a Maciel, pone en el centro del debate la protección que algunos religiosos han recibido históricamente.
La sociedad mexicana sigue conmocionada por este nuevo caso de abuso clerical. Las autoridades enfrentan presión para garantizar que se haga justicia y que casos como este no queden impunes, mientras crece el clamor por medidas más estrictas contra la pederastia en instituciones religiosas.