La histórica elección judicial en el Estado de México, celebrada el pasado 1 de junio, marcó un hito al permitir que la ciudadanía eligiera por primera vez a 91 jueces y magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, los ganadores aún no pueden tomar posesión de sus cargos. Las impugnaciones presentadas ante los tribunales han generado incertidumbre, retrasando el proceso que prometía renovar la justicia en la entidad.
Según la información oficial, las 91 personas electas, quienes ya recibieron su constancia de mayoría, deberán esperar hasta que los tribunales resuelvan las controversias legales. Este paso es crucial para que sus triunfos sean declarados válidos y puedan asumir sus funciones. La espera, aunque tediosa, es parte del proceso para garantizar la legitimidad de los resultados en un ejercicio inédito en México.
La ley establece que los nuevos jueces y magistrados tomarán protesta ante la Legislatura local el 5 de septiembre de 2025. Este acto formal marcará el inicio de sus responsabilidades. Posteriormente, el Órgano de Administración Judicial inscribirá a los electos en los cargos correspondientes, un trámite que deberá completarse a más tardar el 22 de septiembre.
Los cargos que asumirán los ganadores incluyen juzgados, magistraturas y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ocupada provisionalmente por Fernando Díaz Juárez. Héctor Macedo García, virtual ganador de la presidencia, ha sido señalado por su cercanía con el grupo político de Morena en Texcoco, lo que ha desatado críticas sobre la imparcialidad del proceso.
Esta elección, impulsada por la reforma al Poder Judicial del Estado de México, busca democratizar la selección de autoridades judiciales. Sin embargo, las impugnaciones, que suman al menos 10 hasta el momento, reflejan las tensiones generadas por un proceso que muchos consideran apresurado y poco transparente. Las dudas sobre la preparación de algunos candidatos también han alimentado el debate.
El Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión del Poder Judicial, jugará un papel clave en la transición. Este organismo, integrado por cinco personas designadas por el Ejecutivo, la Legislatura y el Tribunal Superior, será responsable de asignar competencias, supervisar la carrera judicial y garantizar el funcionamiento administrativo de los tribunales.
Los electos, una vez en funciones, permanecerán en sus cargos hasta 2033, un periodo de ocho años que les permitirá implementar cambios profundos en el sistema de justicia. Entre las propuestas de los candidatos destacaron la creación de tribunales virtuales, la reducción de tiempos en juicios y una mayor rendición de cuentas, promesas que ahora deberán cumplir.
La capacitación de los ganadores ya ha comenzado, con 57 sesiones programadas para prepararlos en sus nuevas responsabilidades. Este esfuerzo busca asegurar que los nuevos jueces y magistrados estén listos para enfrentar los retos de un sistema judicial que enfrenta críticas constantes por su lentitud y opacidad.
Mientras tanto, la ciudadanía espera que esta renovación traiga una justicia más ágil y cercana. Sin embargo, el retraso por las impugnaciones y las controversias políticas alrededor del proceso mantienen la incertidumbre. La promesa de un Poder Judicial renovado aún está por cumplirse.
El futuro de la justicia en el Estado de México dependerá de la resolución de estos conflictos y de la capacidad de los nuevos jueces para responder a las expectativas de una sociedad que exige resultados inmediatos. Septiembre será un mes decisivo para definir el rumbo de esta transformación.