La Comisión Nacional del Agua ha concluido la demolición de los presones en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Este operativo, que incluyó maquinaria pesada y una explosión controlada, puso fin a las construcciones ilegales que acaparaban agua en perjuicio de los habitantes de la región.
El rancho, ubicado en Balleza, Chihuahua, albergaba cinco presas que retenían hasta 700 mil metros cúbicos de agua. Según las autoridades, estas estructuras fueron edificadas sin autorización, privando a comunidades locales de un recurso vital. La acción de Conagua busca devolver el agua al arroyo El Saucito, beneficiando a miles de pobladores y productores.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta intervención durante una conferencia de prensa. En el evento, se presentaron videos que muestran la maquinaria pesada en acción, destruyendo los presones que obstaculizaban el flujo natural del agua. La mandataria celebró que esta medida recupera un recurso esencial para el estado.
Sin embargo, no todo fue sencillo en este proceso. Un grupo de ejidatarios, que aseguraban pertenecer a la comunidad rarámuri, presentó un amparo para detener la demolición. Argumentaban que el agua almacenada era crucial para su sustento diario y para combatir incendios en la región. La justicia federal, no obstante, falló a favor de Conagua.
El 6 de junio, un tribunal revocó la suspensión provisional que impedía continuar con las demoliciones. La decisión permitió a Conagua avanzar con la destrucción de las presas, asegurando que el agua regrese a su cauce natural, desde el arroyo El Saucito hasta el río Conchos y, finalmente, al río Bravo.
Román Alcántar, gerente de Conagua en Chihuahua, aclaró que la presa principal tenía una capacidad de 700 mil metros cúbicos, aunque al momento de la demolición almacenaba cerca de 200 mil debido a la sequía. Esta acción, según el funcionario, garantiza que el agua no será más acaparada por intereses particulares.
La intervención en El Saucito no solo libera agua para los municipios de Balleza y El Tule, sino que también envía un mensaje claro: el agua es un derecho, no un privilegio. Conagua señaló que este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el uso indebido de recursos hídricos en Chihuahua.
Mientras tanto, las críticas no se han hecho esperar. Algunos sectores señalan que estas acciones podrían politizarse, especialmente por el historial del exgobernador Duarte, envuelto en múltiples controversias. Sin embargo, Conagua insiste en que su prioridad es garantizar el acceso equitativo al agua.
El caso de El Saucito no es aislado. Según Alcántar, existen otros procedimientos en curso contra el acaparamiento de agua en Chihuahua, incluyendo casos en comunidades menonitas y colonias agrícolas. La dependencia promete actuar con firmeza, sin importar quién esté involucrado.
La demolición de estas presas marca un precedente en la lucha contra la apropiación ilegal de recursos naturales. En un estado azotado por la sequía, recuperar el agua para las comunidades es un paso hacia la justicia hídrica, aunque el debate sobre los derechos de las comunidades locales sigue abierto.