A partir del 17 de junio de 2025, los centros de trabajo en el Estado de México y en todo el país deben cumplir con la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar condiciones laborales más dignas. Esta nueva normativa obliga a las empresas a proporcionar sillas con respaldo para que los trabajadores puedan descansar durante sus jornadas laborales, especialmente en sectores donde pasar muchas horas de pie es común.
La reforma, publicada el 19 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, establece un plazo de 180 días para que las empresas adapten sus reglamentos internos y cumplan con las nuevas disposiciones. Esto significa que el 14 de diciembre de 2025 es la fecha límite para que los centros de trabajo en el Estado de México implementen estos cambios. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene hasta el 17 de julio de 2025 para emitir las normas específicas sobre los riesgos de permanecer de pie por periodos prolongados.
La Ley Silla está dirigida principalmente a sectores como el comercio, servicios, seguridad privada, restaurantes y tiendas departamentales. En el caso de las industrias, la obligación aplica solo si la naturaleza del trabajo lo permite. La idea es clara: nadie debe ser forzado a permanecer de pie toda la jornada laboral, y los empleadores deben garantizar pausas periódicas para el descanso.
Esta legislación responde a una realidad alarmante: según la Organización Internacional del Trabajo, en México se trabajan en promedio 43.7 horas semanales, muchas de ellas de pie, lo que provoca problemas de salud como fatiga muscular, dolores crónicos y trastornos circulatorios. La Ley Silla busca reducir estos riesgos, mejorando la salud y el bienestar de los trabajadores.
En el Estado de México, donde miles de personas laboran en tiendas, supermercados y otros comercios, esta reforma promete un cambio significativo. Los empleadores deben designar áreas específicas con sillas para que los trabajadores puedan descansar, y está prohibido obligarlos a permanecer de pie todo el tiempo o impedirles tomar asiento.
Las empresas que no cumplan con estas disposiciones enfrentarán sanciones económicas que van desde los 28,285 hasta los 282,850 pesos, según las Unidades de Medida y Actualización de 2025. En casos de reincidencia, las autoridades podrían incluso suspender temporalmente las actividades de los centros de trabajo.
Para garantizar el cumplimiento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará inspecciones periódicas. Los trabajadores también pueden denunciar incumplimientos de manera anónima a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, lo que fortalece la protección de sus derechos.
La Ley Silla no es algo nuevo en el mundo. Países como España, Chile y Argentina tienen regulaciones similares desde el siglo XX. En México, esta reforma marca un avance importante para dignificar las condiciones laborales y priorizar la salud de los trabajadores.
En el Estado de México, esta medida podría beneficiar a miles de empleados en sectores vulnerables, reduciendo el ausentismo por enfermedades laborales y mejorando la productividad. Sin embargo, el éxito dependerá de la implementación efectiva por parte de las empresas y de la vigilancia de las autoridades.
A medida que se acerca la fecha límite de diciembre, los centros de trabajo deben actuar rápido para adecuar sus espacios y políticas internas. La Ley Silla es un paso hacia un entorno laboral más justo, pero su impacto real se verá en cómo se aplique en la práctica.