La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado una iniciativa que busca poner fin a las prácticas abusivas de los franeleros en la capital. La propuesta, enviada al Congreso local, plantea sanciones más duras para quienes exijan pagos por estacionar, vigilar o lavar vehículos en la vía pública, una actividad que ha generado molestias entre los capitalinos.
La reforma a la Ley de Cultura Cívica contempla un arresto inconmutable de 36 horas para los franeleros que intimiden, coaccionen o exijan dinero a los automovilistas. Esta medida responde a las crecientes quejas de ciudadanos que reportan actitudes violentas o intimidatorias por parte de estas personas, conocidas también como “viene viene”.
Actualmente, los franeleros enfrentan multas que pueden evitar con pagos, pero la nueva iniciativa elimina esa opción. Brugada busca que las sanciones sean más estrictas, garantizando que quienes cometan estas faltas cumplan el arresto obligatorio, sin posibilidad de eludirlo.
La jefa de Gobierno reconoció que no todos los franeleros incurren en prácticas violentas, pero enfatizó que las conductas indebidas no pueden seguir siendo toleradas. La propuesta también incluye una campaña de concientización para promover el respeto al espacio público, con el mensaje de que las calles son un derecho de todos, no una mercancía.
Además de las sanciones, el gobierno capitalino planea abordar las causas sociales de esta actividad. Muchas personas se dedican a ser franeleros debido a la exclusión social o la falta de empleo formal. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajarán en ofrecer alternativas laborales.
La iniciativa también busca que los ciudadanos denuncien activamente estas prácticas. Los automovilistas que sean víctimas de amenazas o agresiones pueden reportar a los franeleros llamando a Locatel al 55 5658 1111, proporcionando datos precisos para que las autoridades actúen.
En algunos casos, las acciones de los franeleros han escalado a delitos más graves, como extorsión o agresiones físicas. La reforma plantea que, en estos casos, los responsables podrían enfrentar procesos penales en la Fiscalía de la CDMX, lo que elevaría las consecuencias de sus actos.
La propuesta ha generado opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos aplauden la medida por buscar orden en las calles, otros cuestionan si el arresto de 36 horas será suficiente para resolver el problema de fondo. La iniciativa aún debe ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México para entrar en vigor.
Brugada insiste en que el objetivo no es criminalizar a quienes trabajan en la informalidad, sino garantizar un uso justo del espacio público. La jefa de Gobierno destacó que la ciudad debe avanzar hacia un modelo donde la dignidad no dependa de actividades ilegales.
Con esta reforma, el gobierno de la CDMX busca responder a una de las demandas más sentidas de los capitalinos, aunque su éxito dependerá de la implementación y del compromiso ciudadano para denunciar estas prácticas. La discusión en el Congreso será clave para definir el futuro de esta medida.