El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha puesto el dedo en la llaga al rechazar de tajo el programa federal del Infonavit que busca regularizar viviendas invadidas. Según Lemus, permitir estas invasiones sería como abrir la puerta a la ilegalidad y dejar sin certeza jurídica a miles de jaliscienses. Pero, ¿es esta postura un verdadero compromiso con la justicia o solo una declaración para ganar titulares?
El programa del Infonavit, impulsado por el gobierno federal, propone que quienes ocupan casas abandonadas de forma irregular puedan adquirirlas mediante un esquema de renta con opción a compra. La idea es que, en un plazo de cuatro a cinco años, los invasores puedan convertirse en propietarios legales. Sin embargo, Lemus asegura que este plan no tiene cabida en Jalisco, donde dice que se priorizará el respeto a la ley.
En una conferencia reciente, Lemus fue claro: “Nosotros no vamos a permitir invasiones irregulares de viviendas”. Argumentó que este tipo de medidas solo fomentan la falta de orden y afectan a quienes han cumplido con sus pagos de manera honesta. Pero detrás de estas palabras, algunos se preguntan si el gobernador tiene un plan concreto para abordar el problema de las viviendas abandonadas en el estado.
Jalisco enfrenta un serio problema con miles de casas deshabitadas, muchas de ellas propiedad del Infonavit. Según datos recientes, de 843 mil viviendas en el inventario del instituto, unas 145 mil están ocupadas irregularmente. Esto ha generado un debate: ¿deben los ocupantes ser desalojados o se les debe dar una oportunidad de regularizarse? Lemus parece inclinarse por la primera opción, pero no ha detallado cómo evitará que estas invasiones sigan ocurriendo.
El gobernador también aprovechó para criticar la propuesta federal, calificándola de “delicada” y asegurando que va en contra de los principios de legalidad. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos ciudadanos y analistas consideran que el rechazo de Lemus podría ser más una estrategia política que una solución real, sobre todo porque no ha presentado alternativas claras para resolver el problema de fondo.
Por otro lado, el gobierno federal defiende su iniciativa. Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, explicó que el objetivo es darle una salida digna a las familias que, por necesidad, ocuparon estas viviendas. Según Romero, el programa busca evitar desalojos violentos y ofrecer precios accesibles para que los ocupantes puedan ser dueños legales. Pero en Jalisco, estas palabras parecen caer en oídos sordos.
Lemus también ha señalado que su administración trabaja en fortalecer la seguridad y el estado de derecho en el estado. Según él, permitir invasiones sería un paso atrás en estos esfuerzos. Sin embargo, no mencionó cómo planea recuperar las viviendas ocupadas ni qué hará con las miles de casas abandonadas que son un foco de inseguridad en colonias de Jalisco.
Mientras el debate continúa, los jaliscienses observan con atención. Por un lado, están quienes apoyan la postura de Lemus, argumentando que la ley debe respetarse. Por otro, hay quienes ven en el programa del Infonavit una oportunidad para resolver un problema social que lleva años sin atención. Lo cierto es que, hasta ahora, no hay una solución a la vista, y las viviendas abandonadas siguen siendo un dolor de cabeza para el estado.
El tiempo dirá si la postura de Lemus se traduce en acciones concretas o si queda en una promesa más. Por ahora, el gobernador ha marcado su territorio, pero el desafío de las invasiones y las casas abandonadas está lejos de resolverse. ¿Podrá Jalisco encontrar un equilibrio entre la legalidad y la justicia social?