La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) ha lanzado una advertencia contundente: el sector petrolero podría paralizarse a partir de julio debido a las deudas acumuladas por Petróleos Mexicanos (PEMEX), que superan los 404 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025. Esta situación pone en riesgo la continuidad operativa de las empresas que sostienen la industria energética del país.
El pronunciamiento de AMESPAC, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Hacienda, Edgar Amador, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, exige medidas urgentes para evitar un colapso en el sector. Las empresas, que incluyen gigantes como Halliburton, Baker Hughes y Grupo México, aseguran que los adeudos, algunos con más de 12 meses de antigüedad, han comprometido gravemente su flujo de caja.
El presupuesto de PEMEX para exploración y extracción se desplomó un 66% en comparación con el año anterior, pasando de 373 mil millones a solo 127 mil millones de pesos. Esto ha llevado a que solo 26 de los 59 equipos de perforación estén operando, reflejando una caída drástica en la actividad del sector. La producción de hidrocarburos, clave para la soberanía energética, está en jaque.
A esto se suma el caos administrativo. El sistema de Codificación de Cargos y Descuentos (Copade) ha rechazado más de 50 mil facturas, lo que ha colapsado la cadena de pagos. Las empresas enfrentan retrasos de más de un año para recibir sus pagos, lo que las ha llevado al borde de la insolvencia. AMESPAC advierte que, sin acción inmediata, la mayoría de sus asociados no podrá seguir operando.
La asociación ha propuesto la creación urgente de una mesa de trabajo con el gobierno para abordar tres puntos críticos: liberar la facturación de los servicios prestados en 2024, garantizar pagos puntuales en 2025 y diseñar un plan para liquidar los adeudos históricos. Sin estas medidas, el sector petrolero enfrenta una parálisis inminente.
El gremio petrolero ha reiterado su disposición a colaborar con el gobierno para mantener la operación continua y asegurar la producción de hidrocarburos. Sin embargo, su mensaje es claro: la falta de acción compromete no solo la estabilidad del sector, sino también la seguridad y la soberanía energética de México.
La situación refleja una gestión cuestionable en PEMEX, que no solo acumula deudas millonarias, sino que también enfrenta críticas por su incapacidad para mantener la producción en niveles óptimos. La caída en la extracción de petróleo, que ha alcanzado mínimos no vistos en 45 años, agrava la crisis.
Esta no es la primera vez que el sector petrolero alza la voz. En los últimos años, tanto proveedores como el sindicato han denunciado problemas similares, desde falta de insumos hasta incumplimientos contractuales. La presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum crece para resolver esta bomba de tiempo económica.
La advertencia de AMESPAC no solo pone en evidencia las dificultades financieras de PEMEX, sino también la fragilidad de un sector estratégico para México. La falta de pagos amenaza con detener proyectos clave y dejar a miles de trabajadores en la incertidumbre.
El futuro de la industria petrolera está en juego. Sin una respuesta clara y efectiva del gobierno, México podría enfrentar consecuencias graves en su economía y en su capacidad para garantizar el suministro energético. La pelota está en la cancha de las autoridades federales.