El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que iniciará funciones el 1 de septiembre de 2025, promete vigilar el comportamiento de jueces, magistrados y ministros en México. Sin embargo, su conformación ha levantado serias dudas sobre su verdadera independencia. Los cinco magistrados electos, algunos con claros vínculos a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum, generan sospechas de que este órgano podría convertirse en un instrumento político más que en un garante de la ética judicial.
Según los magistrados electos, encabezados por figuras como Celia Maya y Bernardo Bátiz, el Tribunal no será una “inquisición”. Aseguran que su objetivo es garantizar que los jueces actúen con profesionalismo y respeto a la ley. Sin embargo, la cercanía de estos personajes con el oficialismo pone en entredicho su imparcialidad. La elección de estos magistrados se dio en un proceso inédito con apenas un 13% de participación ciudadana, lo que refuerza las críticas sobre su legitimidad.
El Tribunal de Disciplina Judicial reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal y tendrá facultades para sancionar e incluso destituir a jueces y ministros. Esta capacidad de remoción, sin posibilidad de impugnación ante la Suprema Corte, ha sido señalada como una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial. Críticos advierten que el gobierno podría usarlo para presionar a jueces que no se alineen con las decisiones del régimen.
La reforma judicial, impulsada por Morena y aprobada en septiembre de 2024, estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Este cambio, según el oficialismo, busca democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, la designación de figuras afines al partido en el poder en un órgano tan crucial como el Tribunal de Disciplina genera temores de que se busque controlar, más que fortalecer, la justicia en México.
Los magistrados electos han insistido en que su labor será transparente y que no actuarán con sesgos políticos. Aseguran que investigarán denuncias ciudadanas contra servidores judiciales y, de ser necesario, darán vista al Ministerio Público por posibles delitos. No obstante, la falta de contrapesos en el diseño de este Tribunal hace que muchos cuestionen si realmente será un organismo imparcial o un brazo ejecutor del gobierno.
El proceso electoral que llevó a estos magistrados al poder estuvo marcado por controversias. Desde acusaciones de entrevistas superficiales a candidatos hasta señalamientos de que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó limitaciones para garantizar un proceso robusto, la elección judicial ha sido criticada como un ejercicio más político que democrático. La baja participación ciudadana solo intensifica estas preocupaciones.
Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial se prepara para asumir un rol clave en el nuevo esquema del Poder Judicial. Su capacidad para iniciar juicios políticos contra ministros y magistrados, además de sancionar administrativamente, lo convierte en un órgano con un poder sin precedentes. Esto ha llevado a algunos a compararlo con una “Santa Inquisición” al servicio del oficialismo.
La incertidumbre sobre cómo operará este Tribunal crece conforme se acerca su entrada en funciones. Los mexicanos esperan que la justicia no se convierta en un instrumento de control político. Sin embargo, con perfiles tan cercanos a Morena al frente, la confianza en este nuevo organismo es frágil, y el futuro del Poder Judicial pende de un hilo.
El 1 de septiembre de 2025 marcará el inicio de una nueva era para la justicia en México. Pero lejos de ser un paso hacia la transparencia, muchos ven en este Tribunal una herramienta para consolidar el poder del gobierno actual. La pregunta que queda es si los jueces podrán trabajar con verdadera independencia o si estarán bajo la sombra de un Tribunal que parece diseñado para mantenerlos a raya.