En San Miguel de Allende, Guanajuato, las autoridades han puesto la lupa sobre el exalcalde Luis Alberto Villarreal, quien enfrenta 31 investigaciones por presuntos actos de corrupción y un desfalco que asciende a 180 millones de pesos. Según el actual presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, estas acusaciones están relacionadas con la venta ilegal de terrenos municipales a precios muy por debajo de su valor real.
Trejo Pureco ha señalado que las irregularidades cometidas durante la gestión de Villarreal involucran la venta de predios a particulares, lo que habría beneficiado a una supuesta mafia inmobiliaria. Los terrenos, vendidos a precios irrisorios, representaron un daño significativo al patrimonio municipal, según las denuncias presentadas.
El exalcalde ya ha sido llamado a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato. Las autoridades están revisando minuciosamente cada caso, y se espera que exregidores de la administración de Villarreal también sean citados para rendir cuentas por su posible participación en estos actos.
Uno de los casos más destacados involucra la venta de un terreno de 9,237 metros cuadrados en el fraccionamiento Garambullos. Este predio, con un valor comercial de 109 millones de pesos, fue vendido por solo 8.3 millones a una empresa que, según investigaciones, podría ser una fachada, ya que sus socios no cuentan con la capacidad económica para realizar este tipo de operaciones.
El actual gobierno municipal, encabezado por Trejo, ha invertido recursos significativos en un equipo jurídico para recopilar pruebas y presentar las denuncias correspondientes. Hasta el momento, se han identificado 29 casos relacionados con operaciones inmobiliarias fraudulentas, además de otras irregularidades.
Trejo ha manifestado que, aunque él ha decidido dejar atrás el tema de los Villarreal, la justicia no puede ignorar estos señalamientos. Las investigaciones están en curso, y se espera que en los próximos meses se presenten nuevas denuncias derivadas de los hallazgos actuales.
El impacto de estas acusaciones no solo afecta la imagen política de San Miguel de Allende, sino que también pone en entredicho la gestión de recursos públicos en administraciones pasadas. La ciudadanía espera respuestas claras y sanciones para los responsables.
Este caso se suma a una serie de señalamientos contra los hermanos Villarreal, incluido Ricardo Villarreal, exalcalde y actual diputado federal, quien también ha sido denunciado por irregularidades similares. Las autoridades locales han solicitado investigar el origen de los recursos de las empresas involucradas en estas transacciones.
La situación ha generado un debate sobre la transparencia en la gestión municipal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Los habitantes de San Miguel de Allende exigen que se esclarezca el destino de los recursos públicos y que se castigue a quienes hayan actuado en contra de los intereses de la comunidad.
Mientras las investigaciones avanzan, el caso de Villarreal sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrentan los gobiernos locales para garantizar una administración honesta y responsable. La resolución de estas acusaciones será clave para restaurar la confianza en las instituciones municipales.