El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una impugnación formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir la anulación de la elección judicial celebrada el 1 de junio. Según el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, este proceso estuvo plagado de irregularidades que atentan contra la democracia y la división de poderes en México.
Acompañado por los coordinadores priistas en el Congreso, Manuel Añorve y Rubén Moreira, Moreno denunció que la elección de jueces, magistrados y ministros fue una “farsa” orquestada. El PRI sostiene que el proceso no garantizó transparencia y que hubo una clara intervención del gobierno para favorecer a candidatos afines al régimen.
El recurso presentado por el PRI ante el INE señala que se descartaron 818 casillas debido a anomalías graves, como el relleno de urnas, casillas zapato y una votación que superó el 100% en algunos casos. Estas irregularidades, según el partido, comprometen la legitimidad de los resultados y justifican la anulación del proceso.
Alejandro Moreno fue contundente al afirmar que esta elección representa un ataque directo a la división de poderes, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático mexicano. El PRI argumenta que el proceso estuvo diseñado para consolidar el control del partido en el poder sobre el Poder Judicial.
El líder priista también criticó el uso de los llamados “acordeones”, listas de candidatos promovidas por Morena, que habrían inducido el voto de los ciudadanos. Según el PRI, estas prácticas evidencian una operación de Estado para manipular los resultados y garantizar la elección de figuras cercanas al gobierno.
Por su parte, el INE ha defendido la validez de la elección, argumentando que se siguieron los procedimientos establecidos. Sin embargo, el PRI insiste en que las irregularidades detectadas son demasiado graves como para ser ignoradas y que el organismo electoral debe actuar para corregirlas.
La impugnación del PRI se suma a las críticas de diversos sectores que han cuestionado la legitimidad de la elección judicial. Organizaciones civiles y partidos de oposición han señalado que la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 13%, refleja un rechazo generalizado al proceso.
El caso ahora está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá resolver si las pruebas presentadas por el PRI son suficientes para anular la elección. Este conflicto podría marcar un precedente clave en la historia política y judicial de México.
Mientras tanto, el PRI ha declarado que no legitimará los resultados y continuará su lucha para defender la autonomía del Poder Judicial. Moreno advirtió que permitir que este proceso avance sin correcciones sería un retroceso democrático sin precedentes.
La controversia en torno a la elección judicial mantiene en vilo al país, con un debate cada vez más polarizado sobre el futuro de la justicia en México. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el proceso se mantiene o si el PRI logra su objetivo de anularlo.