Hugo Aguilar Ortiz recibió este domingo su constancia de mayoría como ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un evento que marca un hito en la controvertida reforma judicial impulsada por Morena. El oaxaqueño, quien presidirá el máximo tribunal, aseguró que su llegada no responde a imposiciones políticas. Sin embargo, su cercanía con el oficialismo genera dudas sobre la independencia del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral entregó a Aguilar Ortiz dos constancias, una en español y otra en mixteco, un gesto que resalta su origen indígena. Durante la ceremonia, el candidato destacó su trayectoria y compromiso con la justicia, pero no abordó las críticas que lo señalan como un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su designación como presidente de la Corte, tras obtener la mayoría de votos en las elecciones judiciales del 1 de junio, refuerza las sospechas de un control político sobre el Poder Judicial.
Aguilar Ortiz, excoordinador de Derechos Indígenas y cercano a figuras clave de Morena, como Andrés Manuel López Beltrán, fue promocionado en los “acordeones” distribuidos por el partido durante la campaña. Estos listados, según reportes, orientaban a los votantes a favorecer a candidatos afines al oficialismo. Legisladores morenistas, como Mario Delgado y Ricardo Monreal, respaldaron su candidatura, lo que alimenta las acusaciones de una elección manipulada.
La reforma judicial, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, ha sido duramente cuestionada por académicos, abogados y organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos advirtió que el modelo de elección popular de jueces y ministros pone en riesgo la independencia judicial. La falta de controles estrictos y la selección de candidatos sin requisitos claros de profesionalización son algunos de los puntos más criticados.
Durante su discurso, Aguilar Ortiz intentó calmar las aguas, afirmando que trabajará por una justicia imparcial. Sin embargo, sus palabras no convencen a quienes ven en su ascenso una extensión del poder de Morena. La nueva Corte, que tomará protesta el 1 de septiembre, estará bajo el escrutinio público en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego.
El proceso electoral del 1 de junio, que dio paso a esta nueva composición de la Corte, estuvo envuelto en polémica. Reportes de irregularidades, como la distribución de “acordeones” y la presión a beneficiarios de programas sociales, han sido documentados. Aguilar Ortiz, quien encabezó las preferencias, no se pronunció sobre estas acusaciones, lo que incrementa la desconfianza hacia su liderazgo.
La trayectoria de Aguilar Ortiz incluye su participación en negociaciones de paz tras el levantamiento zapatista de 1994 y su trabajo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, su renuncia al gobierno de Oaxaca en 2016, tras un conflicto con la CNTE, y su posterior alineación con López Obrador, lo colocan en el centro de las críticas. Muchos se preguntan si su presidencia en la Corte será un contrapeso al poder Ejecutivo o una herramienta más del oficialismo.
La llegada de Aguilar Ortiz y los otros ocho ministros electos marca un parteaguas en la historia judicial de México. Con una Corte renovada bajo un modelo inédito, el país enfrenta el desafío de garantizar que la justicia permanezca independiente. Las decisiones que tome este nuevo pleno en los próximos años serán clave para definir si México avanza hacia una democracia sólida o se consolida un sistema donde el poder se concentra en unas pocas manos.
El futuro del Poder Judicial está en el centro del debate. Mientras Aguilar Ortiz promete una Corte al servicio del pueblo, las señales de su cercanía con Morena y la falta de transparencia en el proceso electoral generan incertidumbre. México observa con atención los primeros pasos de este nuevo capítulo en su historia judicial.