El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha desatado una ola de controversias tras la aprobación de la Ley de Ciberasedio, una reforma al Código Penal local que busca castigar conductas en el entorno digital. La iniciativa, publicada el 14 de junio en el Periódico Oficial del Estado, establece penas de hasta tres años de prisión por insultar, ofender o agraviar a través de redes sociales o plataformas digitales. Sin embargo, la rapidez con la que se aprobó y su falta de discusión pública han encendido las alarmas entre ciudadanos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La reforma, impulsada originalmente por José Luis García Parra, actual coordinador del gabinete de Armenta, tipifica el ciberasedio como un delito que implica atacar de manera reiterada a una persona en el entorno digital, causando un daño significativo a su salud emocional o física. Según el gobierno, el objetivo es proteger a los ciudadanos, especialmente a menores, de la violencia en línea. Sin embargo, críticos aseguran que la definición de “ciberasedio” es ambigua y podría usarse para silenciar voces disidentes o críticas al gobierno morenista.
La aprobación de la ley ocurrió el 13 de junio en una sesión del Congreso de Puebla, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Diputados de oposición, como Susana Riestra y Rafael Micalco del PAN, denunciaron que la reforma se aprobó de manera exprés, sin foros previos ni consultas con expertos. Acusaron al gobierno de Armenta de buscar una “ley mordaza” que limite la libertad de expresión, especialmente en redes sociales, donde las críticas al gobierno han sido constantes.
Organizaciones como Artículo 19 han advertido que la ley incumple principios de derechos humanos y podría ser utilizada de forma arbitraria contra periodistas, activistas y ciudadanos. La falta de claridad en el concepto de “ciberasedio” genera preocupación, ya que podría interpretarse de manera subjetiva, abriendo la puerta a sanciones desproporcionadas. Incluso se ha presentado un amparo contra la reforma, argumentando que promueve la censura en espacios digitales.
Ante la creciente polémica, Armenta solicitó al Congreso de Puebla, el 15 de junio, realizar foros para analizar la ley. En un mensaje en redes sociales, el gobernador aseguró que el objetivo es proteger sin reprimir, enfatizando que su administración respeta los derechos humanos. Pidió a la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, coordinar mesas de trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas y especialistas para debatir el impacto de la reforma.
Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, respondió que esta semana iniciarán las mesas de trabajo para revisar la legislación. Según la diputada morenista, se buscará un diálogo abierto para garantizar que la ley sea efectiva sin vulnerar las libertades fundamentales. Sin embargo, las críticas persisten, y muchos cuestionan si estos foros serán suficientes para corregir los vacíos legales señalados por expertos.
El contexto de la ley también ha generado sospechas. La reforma coincide con una controversia relacionada con la cuenta anónima de X “Aldea Poblana”, que ha criticado constantemente al gobierno de Armenta y a figuras como la secretaria del Deporte, Gabriela Sánchez. El 2 de junio, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, anunció que la Policía Cibernética ya había identificado a los responsables de dicha cuenta, lo que alimentó las acusaciones de que la ley tiene un trasfondo político.
Diputados de Morena, como Grace Palomares y Nayeli Salvatori, defendieron la reforma, argumentando que han sido víctimas de ciberasedio y que la ley busca proteger a las mujeres de la violencia digital. Sin embargo, opositores como Fedhra Suriano de Movimiento Ciudadano acusaron al Congreso de actuar con opacidad, señalando irregularidades en el proceso legislativo. La confrontación entre legisladoras durante la discusión evidenció las tensiones que esta reforma ha generado.
La Ley de Ciberasedio también castiga otros delitos digitales, como el espionaje, la usurpación de identidad y el grooming, con penas que pueden llegar hasta los cinco años de prisión. Aunque el gobierno asegura que estas medidas son necesarias para combatir la delincuencia en línea, la falta de consenso y las críticas de organizaciones civiles han puesto en duda su legitimidad. La sociedad poblana espera que los foros anunciados permitan un análisis profundo y eviten que la ley sea utilizada como herramienta de represión.
Mientras tanto, la ciudadanía y los medios permanecen atentos a los próximos pasos del Congreso y del gobierno de Armenta. La controversia en torno a esta reforma refleja el delicado equilibrio entre la protección de los derechos digitales y la garantía de la libertad de expresión, un debate que apenas comienza en Puebla.