El Instituto Nacional Electoral (INE) ha desatado una ola de críticas al permitir que tres candidatos a magistrados, señalados por presuntos casos de abuso y violencia sexual, reciban sus constancias de mayoría tras las elecciones judiciales del 1 de junio. La decisión ha generado indignación entre sectores de la sociedad que exigen transparencia y justicia en el proceso de selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado del Tercer Circuito en Jalisco, es uno de los señalados. Según investigaciones, fue destituido en 2015 por el Consejo de la Judicatura tras acusaciones de abuso sexual, acoso y presuntos actos de corrupción. A pesar de estos antecedentes, el INE no encontró impedimentos para validar su elección, desatando cuestionamientos sobre los criterios de idoneidad aplicados.
Otro caso es el de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de México. Rodríguez enfrenta una denuncia por abuso sexual en agravio de una alumna desde 2017, cuando fue vinculado a proceso. Sin embargo, su candidatura no fue impugnada con éxito, lo que ha levantado sospechas sobre posibles omisiones en la revisión de antecedentes por parte del INE.
El tercer candidato bajo escrutinio es Arturo César Morales Ramírez, también aspirante a magistrado en la Ciudad de México. Aunque inicialmente se le relacionó con una investigación por delincuencia organizada, Morales aclaró que se trataba de un caso de homonimia. Pese a esta defensa, su inclusión en la lista de electos sigue generando dudas sobre la rigurosidad del proceso de evaluación.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió la actuación del instituto, argumentando que se siguieron los lineamientos establecidos en la reforma judicial de 2024. Según Taddei, los candidatos cumplieron con los requisitos de la llamada “8 de 8” contra la violencia de género, aunque no se han hecho públicas las pruebas que respaldan esta afirmación.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han alzado la voz, acusando al INE de negligencia y de priorizar formalismos legales sobre la ética y la seguridad de las víctimas. La Red de Mujeres Feministas de Veracruz, por ejemplo, ha exigido que se revoquen las constancias de mayoría hasta que se investiguen a fondo las acusaciones contra los candidatos.
La controversia se agrava por el contexto de la primera elección popular del Poder Judicial, un proceso que prometía democratizar la justicia pero que ahora enfrenta críticas por falta de transparencia. La entrega de constancias de mayoría a los candidatos electos comenzó el 15 de junio, y el INE ha señalado que cualquier impugnación deberá resolverse antes del 28 de agosto.
Mientras tanto, el proceso ha sido cuestionado por expertos como Javier Santiago Castillo, exconsejero del Instituto Electoral Federal, quien advierte que la validación de candidatos con antecedentes graves podría minar la confianza en el nuevo sistema judicial. La falta de acción contundente por parte del INE, según Santiago, refleja una improvisación que pone en riesgo la legitimidad del proceso.
El caso de estos tres magistrados electos ha reavivado el debate sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena. Aunque se presentó como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo, las recientes decisiones del INE sugieren que persisten fallas estructurales que permiten la continuidad de perfiles cuestionados en el Poder Judicial.
A medida que se acerca la toma de posesión de los nuevos jueces y magistrados, programada para el 1 de septiembre, la presión aumenta sobre el INE y el Tribunal Electoral para garantizar que los señalamientos de abuso y violencia sexual sean investigados a fondo. La ciudadanía espera respuestas claras para evitar que el proceso judicial quede manchado por la impunidad.