En la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada ha dado un paso controvertido al presentar la lista pública de deudores alimentarios, un registro que expone a quienes no cumplen con sus obligaciones de manutención hacia sus hijos. Esta iniciativa, anunciada en el marco del Día del Padre 2025, ha generado debate sobre su efectividad y las implicaciones de hacer públicos estos datos.
La jefa de gobierno destacó que la medida busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando que las obligaciones alimentarias no son opcionales. Según las autoridades, el registro cuenta con más de 1,500 personas, tanto hombres como mujeres, que han incumplido con el pago de pensiones alimenticias, afectando el bienestar de sus hijos.
Para consultar la lista, los ciudadanos deben ingresar al sitio web del Registro Civil de la CDMX. El proceso es sencillo: solo se requiere el nombre completo, la fecha de nacimiento y, en algunos casos, la CURP del deudor. Una vez ingresados los datos, el sistema muestra si la persona está registrada como morosa, junto con información sobre la demanda presentada en su contra.
Sin embargo, la plataforma no estuvo exenta de problemas. En su primer día de operación, el sitio web presentó fallas técnicas, lo que generó críticas sobre la preparación del gobierno capitalino para implementar esta herramienta. Usuarios reportaron dificultades para acceder al sistema, lo que puso en duda su accesibilidad y eficacia.
La medida está respaldada por el artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece sanciones para los deudores alimentarios. Quienes aparezcan en la lista enfrentan restricciones severas, como la prohibición de aspirar a cargos de elección popular, realizar trámites notariales o incluso obtener un pasaporte, lo que les impide salir del país.
Clara Brugada defendió la iniciativa como un acto de justicia y transparencia, argumentando que no debe haber anonimato para quienes evaden sus responsabilidades. Sin embargo, activistas como Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, señalaron que el sistema aún debe abordar desigualdades de género, ya que las madres suelen enfrentar mayores obstáculos para exigir el cumplimiento de las pensiones.
Críticos del gobierno de Morena en la CDMX cuestionan si esta medida realmente resolverá el problema o si solo servirá como una herramienta de exhibición pública. La falta de datos oficiales sobre la efectividad de las demandas por pensión alimenticia y los recursos destinados a apoyar a las familias afectadas son puntos que siguen sin respuesta clara.
La publicación de la lista ha sido celebrada por colectivos feministas, quienes la ven como un avance en la lucha contra la violencia económica. No obstante, persisten las dudas sobre cómo se garantizará que los deudores cumplan con sus obligaciones y si el gobierno capitalino está preparado para dar seguimiento a los casos registrados.
A pesar de las controversias, la iniciativa pone sobre la mesa un problema social profundo: la irresponsabilidad de padres y madres que dejan desprotegidos a sus hijos. La CDMX se convierte así en la tercera entidad del país, tras Coahuila y Oaxaca, en hacer público este tipo de registro, siguiendo la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias aprobado en 2023.
El Día del Padre 2025 en la Ciudad de México no solo será una fecha de celebración, sino también un momento para reflexionar sobre la importancia de una paternidad y maternidad responsables. La lista de deudores alimentarios busca ser un recordatorio de que el bienestar de la infancia no puede quedar en el olvido.