La primera elección judicial en México, celebrada el 1 de junio de 2025, ha desatado una ola de críticas por la falta de filtros que permitió el triunfo de candidatos con antecedentes cuestionables. Entre los más votados destacan perfiles ligados a sectas religiosas, acusaciones de corrupción y delitos sexuales, lo que pone en entredicho la integridad del proceso impulsado por el oficialismo.
Organizaciones civiles como Defensorxs alertaron desde abril sobre al menos 13 candidatos con vínculos al crimen organizado, sectas político-religiosas y delitos graves. A pesar de las denuncias, el Instituto Nacional Electoral (INE) no retiró a estos aspirantes de las boletas, permitiendo que varios obtuvieran miles de votos para convertirse en jueces y magistrados.
Uno de los casos más alarmantes es el de Carmen Alejandra Lozano Maya, quien con más de 44 mil votos se perfila como jueza penal en la Ciudad de México. Lozano Maya enfrenta dos denuncias por tortura, abuso sexual y extorsión, derivadas de su etapa como agente del Ministerio Público en el Estado de México, donde estuvo casi dos décadas.
En Jalisco, Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija de un obispo de la iglesia La Luz del Mundo, ganó con 43 mil votos para ser jueza federal administrativa. Esta congregación, liderada por Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil, también colocó a otras dos candidatas en puestos clave, lo que genera preocupación por la posible influencia de la secta en el sistema judicial.
Otro perfil controvertido es Hernán Jesús Vega Burgos, electo magistrado en Yucatán con 115 mil votos. En 2009 fue acusado de proteger una red de trata y explotación sexual cuando era delegado del Instituto Nacional de Migración. A pesar de las graves acusaciones, Vega Burgos logró evitar cargos y ahora ocupará un cargo en el Poder Judicial.
Tania Gisela Contreras López, con más de 217 mil votos, se convertirá en presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Tamaulipas. Sin embargo, enfrenta una denuncia por tráfico de influencias y asociación delictuosa, relacionada con una red de corrupción y robo de combustible, lo que cuestiona su idoneidad para el puesto.
La elección, que renovó 881 cargos judiciales, tuvo una participación del 13% y un alto índice de votos nulos, cercano a los 48 millones. Esto refleja el desconocimiento de la ciudadanía sobre los candidatos, agravado por la falta de información clara y los “acordeones” distribuidos por Morena, que promovían a aspirantes afines al partido.
A pesar de las impugnaciones presentadas por el Congreso, el INE no canceló candidaturas antes de la elección, y ahora revisará los expedientes de los ganadores. Organizaciones civiles advierten que la presencia de estos perfiles en el Poder Judicial podría comprometer la impartición de justicia en México.
El proceso, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum como una reforma para transparentar la justicia, ha sido criticado por permitir la infiltración de candidatos de alto riesgo. Los nuevos jueces y magistrados asumirán sus cargos el 1 de septiembre, mientras el debate sobre la legitimidad de esta elección continúa.