La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se entregará a la justicia el próximo viernes 18 de junio, luego de que la Suprema Corte del país confirmara su condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos. La decisión marca un punto crucial en la causa conocida como “Vialidad”, que ha sacudido el panorama político argentino durante años.
El caso “Vialidad” se centra en irregularidades detectadas en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, un bastión político del kirchnerismo, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según la investigación, estas obras fueron otorgadas de manera preferencial al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, lo que resultó en un perjuicio millonario para el Estado argentino.
La condena, ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, también incluye la inhabilitación perpetua de Fernández para ejercer cargos públicos. Este fallo ha generado controversia, ya que la exmandataria ha denunciado en repetidas ocasiones ser víctima de “lawfare”, un término que utiliza para describir lo que considera un hostigamiento judicial y político en su contra.
Fernández, quien no estuvo presente en los tribunales durante la confirmación de la sentencia, había anticipado un fallo desfavorable. En un comunicado publicado en sus redes sociales, calificó el proceso como un “show” diseñado para proscribirla políticamente. Además, señaló vínculos entre los jueces y el expresidente Mauricio Macri, sugiriendo una falta de imparcialidad en el sistema judicial.
El tribunal, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, desestimó las apelaciones de la defensa de Fernández. Aunque la fiscalía había solicitado condenarla también por asociación ilícita, esta acusación fue rechazada, manteniendo únicamente el cargo por administración fraudulenta. Otros implicados en el caso, como Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, también recibieron condenas de seis años.
La expresidenta aún tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Argentina, un proceso que podría extenderse por meses o incluso años. Sin embargo, la confirmación de la condena ha intensificado las tensiones en el país, donde Fernández sigue siendo una figura polarizante, con un fuerte respaldo entre sus seguidores y críticas contundentes de sus detractores.
En las calles de Buenos Aires, la noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos celebran la decisión como un avance en la lucha contra la corrupción, otros han salido a manifestarse en apoyo a Fernández, argumentando que la condena es parte de una persecución política. Las protestas han sido especialmente intensas en la capital, donde se han registrado concentraciones frente a tribunales.
El impacto político de este caso es innegable. La inhabilitación de Fernández podría cerrar la puerta a una posible candidatura en las elecciones legislativas de 2026, aunque sus aliados han prometido seguir defendiendo su legado. Por ahora, Argentina permanece atenta a los próximos pasos de una de las figuras más influyentes de su historia reciente.
El viernes 18, cuando Fernández se presente ante las autoridades, será un momento clave no solo para su futuro, sino también para el debate sobre la justicia y la política en el país. La atención estará puesta en cómo se desarrolla este capítulo y en las posibles apelaciones que su equipo legal presente en los próximos meses.
Mientras tanto, el caso “Vialidad” sigue siendo un símbolo de la profunda división en Argentina, donde la lucha contra la corrupción y las acusaciones de persecución política continúan marcando la agenda nacional.