Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente un fallo que ordenaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, devolver el control de la Guardia Nacional al estado de California. La decisión, tomada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, mantiene por ahora a las tropas bajo mando federal mientras se resuelve el caso.
El juez federal Charles Breyer había dictaminado horas antes que Trump federalizó de manera ilegal a miles de miembros de la Guardia Nacional de California. Según Breyer, el despliegue de estas tropas en Los Ángeles para controlar protestas contra las políticas migratorias del presidente violaba la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense.
La controversia comenzó cuando Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles en mayo de 2025. El objetivo era contener las manifestaciones masivas desatadas por las redadas migratorias impulsadas por su administración. Estas protestas han generado tensiones en la ciudad, con miles de personas en las calles expresando su rechazo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta presentaron una demanda contra Trump. Argumentaron que la federalización de la Guardia Nacional fue un acto ilegal que usurpaba la autoridad del estado. Newsom celebró el fallo inicial de Breyer, asegurando que está dispuesto a colaborar con la administración federal, pero siempre defendiendo los intereses de California.
La Corte de Apelaciones, formada por tres jueces, dos conservadores y uno progresista, otorgó una suspensión cautelar a favor de Trump. Esto permite que las tropas permanezcan bajo control federal hasta que se celebre una audiencia el próximo 17 de junio. En esa fecha, el tribunal revisará a fondo el caso y decidirá si el fallo de Breyer se mantiene o se revoca.
Trump celebró la decisión en su plataforma Truth Social, afirmando que el despliegue de la Guardia Nacional evitó que Los Ángeles “quedara reducida a cenizas”. Según el presidente, las tropas fueron esenciales para mantener el orden en la ciudad durante las protestas. Sin embargo, no mencionó los detalles legales de la disputa.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos. La Décima Enmienda establece que los poderes no otorgados al gobierno federal corresponden a los estados, un punto central en la argumentación de California. Este enfrentamiento podría sentar un precedente importante en la relación entre el gobierno federal y los estados.
Mientras tanto, las protestas en Los Ángeles continúan, alimentadas por las políticas migratorias de Trump. Las redadas han generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias y un clima de miedo en las comunidades migrantes. La Guardia Nacional, por su parte, sigue desplegada en la ciudad, aunque su rol exacto permanece bajo escrutinio.
La audiencia del 17 de junio será clave para determinar quién controlará a la Guardia Nacional en California. El resultado podría tener implicaciones no solo para este estado, sino para el equilibrio de poder entre las autoridades federales y estatales en todo el país. Por ahora, la decisión está en manos del tribunal de apelaciones.
Este caso refleja las profundas divisiones políticas en Estados Unidos, especialmente en temas como la inmigración y el uso de fuerzas militares en contextos civiles. Mientras California defiende su autonomía, la administración Trump insiste en su autoridad para actuar en nombre de la seguridad nacional.