Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García han presentado una solicitud contundente ante un tribunal federal en Maryland, exigiendo sanciones contra la administración de Donald Trump por desobedecer órdenes judiciales. Ábrego, deportado por error a El Salvador en marzo, fue devuelto a Estados Unidos el viernes pasado, pero enfrenta nuevos cargos por presunto tráfico de personas. La defensa sostiene que el gobierno ignoró deliberadamente mandatos judiciales durante meses, causando un daño irreparable a Ábrego y su familia.
El caso de Kilmar Ábrego García, un inmigrante que vivía legalmente en Maryland, ha generado controversia internacional. Deportado a pesar de una orden judicial de 2019 que lo protegía de ser enviado a El Salvador, Ábrego pasó semanas en una prisión de máxima seguridad conocida por violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó en abril que el gobierno facilitara su regreso, pero los abogados afirman que la administración Trump obstruyó el proceso de manera flagrante.
Según los documentos presentados por la defensa, el gobierno de Trump afirmó repetidamente que no tenía la capacidad de traer a Ábrego de regreso desde El Salvador. Sin embargo, los abogados sostienen que esta excusa carece de fundamento, ya que el gobierno logró repatriarlo rápidamente para enfrentar cargos penales en Tennessee. Este cambio repentino, según la defensa, demuestra que la administración siempre tuvo el poder para actuar, pero se negó a hacerlo hasta que enfrentó la amenaza de sanciones judiciales.
La jueza federal Paula Xinis, encargada del caso, ha reprendido en varias ocasiones al Departamento de Justicia por su inacción. En abril, acusó a los abogados del gobierno de actuar de mala fe al no proporcionar información sobre los esfuerzos para liberar a Ábrego. Los documentos más recientes presentados por la defensa describen un patrón de evasivas y posibles mentiras bajo juramento por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, lo que agrava las acusaciones de desacato.
El caso ha escalado a un nivel de tensión significativo entre la Casa Blanca y el poder judicial. Los abogados de Ábrego argumentan que el gobierno no solo desobedeció órdenes judiciales, sino que también intentó justificar la deportación inicial con acusaciones no comprobadas de que Ábrego era miembro de la pandilla MS-13. La familia y los defensores de Ábrego niegan estas afirmaciones, señalando que nunca ha sido condenado por ningún delito.
La administración Trump, por su parte, ha solicitado a la jueza Xinis que desestime el caso civil, argumentando que el regreso de Ábrego a Estados Unidos cumple con las órdenes judiciales. Sin embargo, los abogados de Ábrego insisten en que el daño causado por la deportación ilegal y la obstrucción del gobierno merece consecuencias. Han propuesto multas y la designación de un investigador especial para examinar las acciones de la administración.
El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo de los desafíos legales y políticos de la agenda de deportaciones de Trump. Los defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que este caso refleja un patrón más amplio de abuso de poder y falta de respeto por el debido proceso. Mientras tanto, la administración sostiene que actuó dentro de sus facultades para abordar la inmigración ilegal.
La solicitud de sanciones está programada para ser presentada formalmente esta semana, y la decisión de la jueza Xinis podría marcar un precedente importante. Si se imponen sanciones, podrían sentar un ejemplo sobre las consecuencias de ignorar órdenes judiciales en casos de deportación. Por ahora, Ábrego permanece bajo custodia federal, con una audiencia programada en Tennessee para enfrentar los cargos en su contra.
La batalla legal en torno a Kilmar Ábrego ha atraído la atención de medios y legisladores, incluyendo críticas de figuras demócratas como el senador Chris Van Hollen, quien se reunió con Ábrego en El Salvador. Este caso no solo pone en cuestión las políticas migratorias de Trump, sino también el equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el judicial en Estados Unidos.