Más de 20 expresidentes iberoamericanos han denunciado lo que consideran la “destrucción” del Poder Judicial en México. En un comunicado conjunto, acusan que la reciente elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, impulsada por el gobierno, marca el fin del equilibrio de poderes en el país.
La crítica apunta directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes respaldaron la reforma constitucional que permitió estos comicios. Según los exmandatarios, esta elección no buscó fortalecer la justicia, sino consolidar un control autoritario desde la Presidencia.
La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), que agrupa a los expresidentes, sostiene que los comicios del 1 de junio no fueron democráticos. Argumentan que el proceso estuvo diseñado para dificultar la elección informada de los ciudadanos, con 2,500 candidaturas desconocidas y asignadas de manera arbitraria en distintos distritos.
Entre los firmantes se encuentran los exmandatarios mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes calificaron la reforma como “el asesinato de una joven democracia”. Sus palabras reflejan la preocupación por el impacto de estas elecciones en la independencia judicial.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también se pronunció al respecto, recomendando no replicar este modelo en otros países. Según la OEA, la elección judicial en México pone en riesgo la imparcialidad, independencia y eficacia del sistema de justicia.
La reforma, promulgada en septiembre pasado, fue presentada por López Obrador como una medida para “limpiar” el Poder Judicial. Sin embargo, los críticos aseguran que el resultado ha sido la llegada de abogados afines al oficialismo a la Suprema Corte, debilitando la autonomía del sistema.
Los expresidentes iberoamericanos advierten que este proceso no solo afecta a México, sino que sienta un precedente peligroso para la región. La falta de contrapesos en el poder, según ellos, abre la puerta a un debilitamiento de las instituciones democráticas.
La controversia en torno a la reforma judicial sigue generando reacciones. Mientras el gobierno defiende la elección como un ejercicio de democracia directa, las críticas internacionales y nacionales no cesan, señalando un retroceso en el Estado de derecho.