Una nueva controversia sacude al Poder Judicial del Estado de México. Tras las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) abrió una investigación para determinar si existen nexos familiares entre los ganadores y figuras clave dentro del sistema judicial. La sospecha de nepotismo ha generado críticas hacia un proceso que prometía transparencia y democratización.
La elección, primera en su tipo, permitió a los ciudadanos votar por 91 cargos, incluyendo la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, la aparición de posibles vínculos familiares entre los electos y funcionarios en activo ha puesto en duda la imparcialidad del proceso. Según fuentes, el IEEM analiza si estas conexiones violan las normas de la reforma judicial impulsada por Morena.
Héctor Macedo García, virtual ganador de la presidencia del Tribunal con el 16.69% de los votos, está en el centro de la polémica. Aunque su trayectoria como licenciado y maestro en Derecho por la UAEMéx es sólida, su elección ha sido cuestionada por supuestos lazos con redes de poder dentro del Poder Judicial. Macedo asumiría el cargo el 5 de septiembre, pero la investigación podría complicar su toma de protesta.
El proceso electoral fue presentado como un paso hacia la democratización, permitiendo a los mexiquenses elegir directamente a sus autoridades judiciales. Sin embargo, la baja participación ciudadana, con apenas un 13% del padrón electoral, y los votos nulos que superaron a los de algunos candidatos, han alimentado el escepticismo sobre la legitimidad de los resultados.
Críticos señalan que la reforma judicial, impulsada por el gobierno federal y Morena, no ha eliminado las prácticas de favoritismo que prometía erradicar. La posibilidad de que familiares de magistrados o jueces en funciones hayan ganado cargos refuerza las acusaciones de que el sistema sigue operando bajo influencias políticas y personales.
El IEEM ha prometido una revisión exhaustiva, pero no ha especificado plazos para los resultados de la investigación. Mientras tanto, los ciudadanos exigen claridad sobre los perfiles electos, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales ya es frágil, según encuestas del Inegi que colocan a jueces y ministros entre los menos confiables.
La controversia también ha reavivado el debate sobre la reforma judicial de 2024, promovida por el expresidente López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el objetivo era combatir la corrupción y el nepotismo, casos como este en el Edomex sugieren que las viejas prácticas persisten bajo un nuevo modelo electoral.
Organizaciones civiles y observadores electorales han pedido que se revisen los antecedentes de todos los ganadores, no solo en el Edomex, sino en otras entidades donde se aplicó la elección popular de jueces. La presión aumenta para que el proceso no se convierta en una fachada que perpetúe los mismos problemas