Reforma fiscal en México representa un tema crucial para el equilibrio presupuestario, pero según las directrices del gobierno federal, no se implementará hasta agotar todas las opciones administrativas para ampliar la base de recaudación. Esta estrategia busca garantizar que los contribuyentes que deben pagar impuestos lo hagan efectivamente, fortaleciendo así los ingresos públicos sin necesidad de cambios legislativos inmediatos. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Lerma, ha enfatizado que este enfoque es prioritario bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El mandato presidencial y la priorización administrativa
La reforma fiscal no es una medida aislada, sino parte de un marco más amplio de políticas económicas destinadas a optimizar los recursos del Estado. En el contexto actual, el gobierno ha optado por intensificar los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas para identificar y cobrar deudas pendientes. Esta ampliación de la base de recaudación se presenta como un paso esencial antes de considerar cualquier reforma fiscal que altere el esquema tributario existente.
Durante su participación en eventos especializados, Carlos Lerma detalló que el objetivo es replicar los incrementos en la recaudación observados en administraciones previas. Por ejemplo, la reforma fiscal de 2013 logró elevar la recaudación en dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), pasando de 10% a 12%. De manera similar, en el sexenio anterior, medidas administrativas consiguieron un avance comparable, lo que demuestra la efectividad de enfoques no legislativos.
Medidas clave para fortalecer la recaudación
Entre las acciones destacadas se encuentran la reforma a la Ley Aduanera, que busca agilizar procesos y reducir evasiones en el comercio exterior. Además, los cambios propuestos al Código Fiscal de la Federación (CFF) apuntan directamente al combate contra las factureras, esas redes que generan facturas falsas para defraudar al fisco. Estas iniciativas forman parte de un paquete integral que incluye impuestos a la salud, diseñados para promover hábitos preventivos mientras generan ingresos adicionales.
La reforma fiscal, en este sentido, se pospone para dar espacio a estas herramientas administrativas, permitiendo al gobierno evaluar su impacto real en la economía nacional. Expertos en finanzas públicas coinciden en que una base de recaudación más amplia no solo incrementa los recursos disponibles, sino que también fomenta una mayor equidad tributaria, asegurando que el peso de los impuestos recaiga sobre quienes realmente pueden contribuir.
El Paquete Económico 2026 como pilar de estabilidad
El Paquete Económico 2026 se arma bajo el principio de equilibrio y responsabilidad fiscal, integrando todas estas medidas para financiar el presupuesto público sin comprometer el crecimiento económico. La reforma fiscal no aparece en el horizonte inmediato, ya que el enfoque está en maximizar los ingresos existentes. Este paquete incluye soporte para el Plan México, un esquema que impulsa el desarrollo industrial y la atracción de inversiones extranjeras.
Carlos Lerma ha subrayado que el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum es claro: abordar primero lo administrativo para ampliar la base de recaudación. Esto implica una revisión exhaustiva de contribuyentes omitidos, optimización de procesos digitales en el SAT y mayor coordinación interinstitucional. De esta forma, la reforma fiscal se convierte en una opción de último recurso, reservada para escenarios donde las medidas actuales no alcancen los objetivos trazados.
Beneficios de una base de recaudación ampliada
Ampliar la base de recaudación trae consigo ventajas tangibles para la economía mexicana. En primer lugar, permite financiar programas sociales y de infraestructura sin elevar tasas impositivas, lo que evita desincentivos al consumo y la inversión. La reforma fiscal, por su parte, podría introducir complejidades adicionales si no se basa en datos sólidos de cumplimiento tributario actual.
En el ámbito internacional, países con sistemas tributarios similares han logrado incrementos en recaudación mediante auditorías digitales y alianzas público-privadas, modelos que México está adoptando. El éxito de estas estrategias podría elevar la recaudación a niveles cercanos al 14% del PIB en los próximos años, superando metas previas y consolidando la estabilidad macroeconómica.
La intersección entre la reforma fiscal y la base de recaudación también influye en la percepción de los inversionistas. Un sistema tributario predecible, donde se priorice el cumplimiento voluntario sobre castigos severos, atrae capital foráneo y estimula el empleo. Bajo la guía de la SHCP, estas políticas se alinean con los compromisos del T-MEC, asegurando competitividad en el mercado norteamericano.
Desafíos y perspectivas futuras en materia fiscal
Implementar estas medidas no está exento de retos. La resistencia de sectores empresariales a mayor escrutinio fiscal es un factor constante, aunque eventos como el Foro Nacional Fiscal 2025 de la Coparmex han servido de plataforma para diálogos constructivos. Allí, funcionarios como Lerma han expuesto la necesidad de una reforma fiscal solo como complemento, no como sustituto de la eficiencia administrativa.
Además, la digitalización del SAT juega un rol pivotal en la ampliación de la base de recaudación, permitiendo rastreo en tiempo real de transacciones y reducción de errores humanos. Esta transformación tecnológica posiciona a México como líder en América Latina en modernización fiscal, un aspecto que podría influir en futuras discusiones sobre reforma fiscal.
El rol del Plan México en el ecosistema fiscal
El Plan México, respaldado por el Paquete Económico 2026, integra incentivos fiscales para industrias estratégicas, como la automotriz y la semiconductor. Estas medidas, sin alterar el núcleo de la reforma fiscal, fomentan la nearshoring y diversifican la economía más allá de las remesas y el turismo. La base de recaudación ampliada asegura que estos beneficios se financien de manera sostenible.
En términos de salud pública, los impuestos a productos nocivos no solo generan ingresos, sino que alinean la política fiscal con objetivos de bienestar social. Esta multifacética aproximación demuestra que la reforma fiscal puede esperar mientras se consolida un sistema más robusto y justo.
La evolución de la política fiscal en México refleja una madurez institucional, donde decisiones como posponer la reforma fiscal se toman con base en evidencias empíricas. Analistas consultados en foros especializados, como aquellos organizados por confederaciones empresariales, destacan que este enfoque evita shocks económicos y promueve gradualidad.
Referencias a declaraciones recientes de autoridades hacendarias, compartidas en conferencias magistrales sobre el Paquete Económico 2026, subrayan el compromiso con la transparencia. Asimismo, datos históricos de recaudación del SAT, disponibles en informes anuales de la SHCP, respaldan la viabilidad de estas estrategias administrativas antes de avanzar hacia una reforma fiscal integral.
Finalmente, observaciones de expertos en economía pública, publicadas en medios especializados durante diciembre de 2025, coinciden en que ampliar la base de recaudación es el camino más prudente, permitiendo al gobierno federal navegar incertidumbres globales sin recurrir prematuramente a cambios legislativos profundos.
