A partir del 28 de junio de 2025, los cajeros automáticos en México enfrentarán una transformación significativa que impactará a millones de usuarios. La nueva normativa, alineada con estándares internacionales de accesibilidad, obligará a los bancos a adaptar estos dispositivos para hacerlos más inclusivos y fáciles de usar. Este cambio responde a la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar sus capacidades, puedan realizar operaciones bancarias sin complicaciones.
La Ley 11/2023, aprobada en mayo de 2023, establece que los cajeros automáticos deberán ofrecer interfaces más intuitivas y accesibles. Esto incluye pantallas con mayor contraste, tipografías más grandes y opciones de navegación simplificadas. Los dispositivos también deberán incorporar sistemas de guía por voz y teclados con relieve táctil, facilitando su uso para personas con discapacidades visuales, auditivas o cognitivas.
El objetivo principal de estas modificaciones es eliminar las barreras tecnológicas que enfrentan las personas con discapacidad. En México, donde existen alrededor de 47,000 cajeros automáticos, esta actualización busca que todos los usuarios puedan realizar operaciones como retiros de efectivo o pagos de servicios de manera autónoma. Los bancos estarán obligados a cumplir con estos requisitos para los nuevos cajeros instalados a partir de la fecha indicada.
Para los cajeros ya existentes, la normativa establece un periodo de transición. Las máquinas instaladas antes del 28 de junio de 2025 tendrán hasta el 29 de junio de 2030 para adaptarse completamente. Sin embargo, no podrán operar más allá de los 10 años desde su instalación, lo que garantiza una renovación gradual pero efectiva de la infraestructura bancaria.
Las entidades financieras también deberán ser transparentes con los usuarios. Tendrán que informar cuáles cajeros ya cumplen con los nuevos estándares y cuáles están en proceso de actualización. Algunos bancos han comenzado a implementar mapas interactivos en sus sitios web y redes sociales para ayudar a los clientes a localizar los cajeros accesibles, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios bancarios puede ser limitado.
El costo de estas adaptaciones no será menor. Se estima que actualizar cada cajero automático puede costar entre 1,500 y 3,000 euros, un gasto significativo para las instituciones bancarias. Sin embargo, la normativa permite ciertas exenciones si los cambios suponen un costo desproporcionado o alteran sustancialmente el funcionamiento de los dispositivos, siempre que los bancos justifiquen estas excepciones.
Estas modificaciones no afectarán los límites de retiro de efectivo, que seguirán dependiendo de las políticas de cada banco. Por ejemplo, operaciones superiores a 3,000 euros continuarán siendo reportadas a la Agencia Tributaria, como ocurre actualmente. El enfoque de la ley está en la accesibilidad, no en las cantidades de dinero manejadas.
La iniciativa responde a compromisos internacionales, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030. México, al adoptar estas medidas, busca alinearse con los estándares globales de inclusión, beneficiando no solo a personas con discapacidad, sino también a adultos mayores o aquellos menos familiarizados con la tecnología.
A pesar de los avances, los bancos enfrentan desafíos adicionales. La modernización de los cajeros también ha incrementado los riesgos de fraudes como el skimming, donde delincuentes instalan dispositivos para robar datos de tarjetas. Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar los cajeros antes de usarlos y cubrir el teclado al ingresar su PIN para evitar ser víctimas de estas prácticas.
Este cambio marca un paso hacia una banca más inclusiva en México. Aunque la transición llevará tiempo y representará un reto logístico y financiero, el objetivo es claro: garantizar que los servicios bancarios sean accesibles para todos, sin excepción.