La Comisión Nacional del Agua ha sancionado a la empresa siderúrgica Ternium con una multa de 66 millones de pesos por el derrame químico que afectó gravemente el arroyo La Talaverna, en Nuevo León. El incidente, ocurrido en abril de 2025, dejó un rastro de devastación ambiental en los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Pesquería.
El derrame, originado en la planta Churubusco de Ternium, involucró 250 mil litros de cloruro ferroso, 132 mil litros de agua ácida y 23 mil litros de ácido clorhídrico. Estas sustancias tiñeron el agua de un alarmante color rojizo, causando la muerte de fauna silvestre, incluyendo tortugas de concha blanda, y afectando la flora a lo largo de 11 kilómetros del arroyo.
La multa impuesta por Conagua se basa en las infracciones a la Ley de Aguas Nacionales, que prohíbe arrojar contaminantes en cuerpos de agua. La dependencia federal destacó que la sanción busca garantizar la remediación del daño ambiental y evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.
A pesar de los esfuerzos de Ternium por minimizar el impacto, afirmando que el arroyo ya presentaba niveles de pH óptimos tras sus labores de limpieza, las autoridades locales y federales han cuestionado la efectividad de estas medidas. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León también impuso una sanción histórica de 80 millones de pesos, sumándose a la presión sobre la empresa.
El caso ha generado indignación entre los habitantes de la zona, quienes denunciaron la contaminación desde el primer momento a través de redes sociales. Vecinos de colonias cercanas al arroyo han expresado su preocupación por los riesgos a la salud pública y el daño ambiental acumulado tras años de operaciones de Ternium.
Organizaciones ambientalistas, como México Comunicación y Ambiente, han exigido sanciones más severas, incluyendo multas de hasta mil millones de pesos y la clausura definitiva de la planta Churubusco. Argumentan que Ternium ha demostrado negligencia en sus planes de prevención y manejo de contingencias.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente el área de Granja de Tanques, donde ocurrió el colapso estructural que provocó el derrame. Sin embargo, las autoridades aún evalúan los informes de remediación presentados por la empresa para determinar si las acciones han sido suficientes.
El impacto del derrame no solo ha afectado el ecosistema, sino que ha reavivado el debate sobre la reubicación de Ternium fuera del Área Metropolitana de Monterrey. Políticos locales y activistas han señalado que la presencia de la siderúrgica representa un riesgo constante para la población y el medio ambiente.
Las sanciones acumuladas contra Ternium, que superan los 140 millones de pesos entre multas estatales y federales, marcan un precedente en la lucha contra la contaminación industrial en México. Sin embargo, la sociedad civil exige mayor transparencia en el uso de estos recursos y un compromiso real para restaurar el arroyo La Talaverna.
Mientras las investigaciones continúan, el caso de Ternium pone en el centro de la discusión la necesidad de regulaciones más estrictas para las industrias que operan cerca de cuerpos de agua. La presión ciudadana y las acciones de las autoridades serán clave para evitar que tragedias ambientales como esta se repitan.