Por primera vez en la historia del Estado de México, los ciudadanos tuvieron el poder de elegir a los nuevos representantes del Poder Judicial. El pasado 1 de junio de 2025, miles de mexiquenses acudieron a las urnas para decidir quiénes ocuparán cargos clave como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas y jueces en la entidad. Este proceso, impulsado por la reforma judicial de Morena, busca transformar la justicia estatal, pero no estuvo exento de controversias y una participación ciudadana más baja de lo esperado.
Héctor Macedo García se alzó como el virtual ganador para presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con un 16.69% de los votos, equivalente a 272 mil sufragios. A pesar de su victoria, los números reflejan que solo el 2% del padrón electoral mexiquense respaldó su candidatura, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Macedo, un magistrado con experiencia en materia civil, promete una justicia más cercana y transparente, pero enfrenta el reto de ganarse la confianza de una población que mostró poco interés en esta elección.
En el Tribunal de Disciplina Judicial, Marisela Reyes Hernández, Kenia Núñez Bautista y Karla Ivonne Díaz Iniesta encabezan los resultados entre las mujeres, mientras que Jesús Ángel Cadena Alcalá y Luis Oswaldo Peralta Rivera lideran entre los hombres. La paridad de género, un pilar de la reforma, garantiza que tres mujeres y dos hombres ocupen estos cargos, aunque algunos candidatos con trayectorias destacadas, como el magistrado Edgar Hernán Mejía López, no lograron posicionarse entre los favoritos.
Marisela Reyes, con una trayectoria que inició en 1991 como taquimecanógrafa y llegó a ser magistrada en materia civil, se perfila como una figura clave en el Tribunal de Disciplina. Su experiencia de más de tres décadas en el Poder Judicial mexiquense le otorga un perfil sólido, aunque su elección por parte del Comité de Selección del Poder Ejecutivo ha levantado sospechas sobre posibles influencias políticas en el proceso.
Kenia Núñez Bautista, doctora en Derecho y ex titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica del gobierno mexiquense, es otra de las favoritas. Su formación académica y experiencia en el ámbito público la posicionan como una candidata preparada para supervisar el comportamiento ético del Poder Judicial, aunque su cercanía con el gobierno estatal de Morena ha generado críticas entre quienes dudan de la imparcialidad de los seleccionados.
Jesús Ángel Cadena, de apenas 32 años, destaca como el candidato más joven entre los más votados. Con maestría en Derecho Constitucional y experiencia en el Tribunal Electoral, su perfil académico y profesional lo convierte en una promesa para renovar la justicia mexiquense. Sin embargo, su pasado como coordinador de asesores en el Congreso de la Ciudad de México, ligado a Morena, ha desatado señalamientos sobre posibles favoritismos en su ascenso.
Karla Ivonne Díaz Iniesta, con experiencia en juzgados federales y en el Registro Civil, y Luis Oswaldo Peralta, con antecedentes en el INE y cargos jurídicos en Texcoco, completan el grupo de los más votados para el Tribunal de Disciplina. Ambos prometen independencia técnica, pero la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 12.57% según el INE, pone en duda el respaldo popular a estas figuras.
La jornada electoral no estuvo libre de problemas. En Naucalpan, una granizada afectó la afluencia en las casillas, y en todo el estado se reportaron incidencias menores, como cambios de ubicación de casillas por inundaciones. Además, la alta cantidad de votos nulos, que superaron el 12% en varias categorías, refleja el descontento o la confusión de los votantes frente a un proceso inédito y complejo.
El presidente de la Coparmex en el Estado de México, Julián Niembro Rivera, fue contundente al señalar que la baja participación evidencia que la reforma judicial no fue una demanda ciudadana. Según él, la desinformación y el desinterés desalentaron a los votantes, lo que podría tener consecuencias económicas al generar incertidumbre para las inversiones en el país. Estas críticas se suman a las voces que advierten sobre los riesgos de politizar la justicia.
A pesar de las controversias, los ganadores asumirán sus cargos el 1 de septiembre de 2025, marcando un capítulo histórico para el Estado de México. La pregunta que queda en el aire es si esta elección, promovida como un avance hacia la democratización, logrará fortalecer la confianza en el Poder Judicial o si las sombras de la baja participación y las críticas por politización seguirán pesando sobre el sistema.